El disparate en el que se ha convertido la Dirección General de Deportes, con Álvaro Pérez al frente, es una pequeña muestra más de la descomposición, regular e incesante, que una institución como el Gobierno de Canarias tolera desde hace años por la inmoralidad de quienes la rigen. Gente incapaz, en casi dos décadas con Coalicón Canaria instalada en el poder, de sacar al archipiélago del vagón de cola del Estado español.
En poco más de un año al frente de la Dirección General de Deportes, Álvaro Pérez ya ha logrado que el organismo que lidera recibiera una sanción, de 6.000 euros, por contratar a un pensionista; o que pesen contra la institución regional dos propuestas más de multa por contar en su equipo de trabajo con dos empleados en situación laboral irregular y por obstruir una inspección del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Graves desatinos todos, que costarán un buen puñado de euros al erario público, a los que también se pueden añadir decisiones discutibles como el coste económico [podría rondar sobre los 600.000 euros] que supuso organizar, en el Estadio de Gran Canaria, un partido de fútbol amistoso entre la selección canaria y la de Angola; sus desplazamientos, en menos de un año, a Cuba, Guadalupe, Austria y China; o ubicar la bandera con siete estrellas verdes en su despacho oficial.
Pero si es grave el papelón que, hasta el momento, ha firmado Álvaro Pérez al frente de la Dirección General de Deportes, es más incomprensible aún la actitud de sus superiores, Milagros Luis Brito [consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte] y Paulino Rivero [presidente del Gobierno de Canarias], que han optado por mirar hacia otro lado y por no exigir responsabilidades ante tanto exceso y temeridad.
Estadísticas nefastas
Lo que sucede en la Dirección general de Deportes no es nada nuevo en Canarias, una de las pocas Comunidades Autónomas españolas que siempre tiene el dudoso honor de ir a la cola en todo. Demoledores son los informes anuales, semestrales, trimestrales o mensuales que analizan, al detalle, la situación económica o social de cada región.
En Canarias sufrimos, junto a la Comunidad Valenciana, el peor servicio de salud del Estado. Cargamos con la cesta de la compra más cara y nos llevamos a los bolsillos las nóminas más bajas. Arrastramos uno de los índices más altos de analfabetismo y fracaso escolar de España. Nuestra Educación fracasa y nuestros profesores, hartos de promesas incumplidas, irán a la huelga en breve.
En siniestralidad laboral, las islas van a la cabeza, al igual que en el número de familias dentro del umbral de la pobreza o en embarazos no deseados entre adolescentes. Una ruina. Un páramo en medio del océano. Un panorama que invita a pensar en la instauración de un régimen de República Bananera.
Pero no habría que infravalorar a un ejecutivo que apunta, por ser su único empeño, a perpetuarse en el poder y que cada día se asemeja más al despotismo ejecutado durante años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México. Una República Bananera es fácil de desmontar; la
Porque en Canarias, de entrada, no hay un sistema electoral justo. Porque 2.000 votos de El Hierro tienen más valor que 10.000 votos de Gran Canaria. Porque en Canarias se politizan, de manera descarada, los medios de comunicación públicos, que al final se convierten en voceros de una sola idea e instrumentos para obtener el favor de ciertos lobbys.
Porque en Canarias, al final, la Policía Autónoma servirá como fuerza de control para según qué intereses. Porque en Canarias, en definitiva, los que gobiernan lo hacen para aferrarse al poder y no por el bien de los canarios.
Y con esta perspectiva, Canarias necesita de políticos valientes. Atrevidos bajo todas y cualquiera de las siglas. Que hablen claro, con un discurso sincero, que desenmascaren a los traidores a la causa. Y que no acepten el régimen, podrido y pasado, actual. Son necesarios y se necesitan ya.
Los cagones no tienen hueco en esta aventura. Así que es mejor que se aparten y dejen de molestar.