El alcalde de Arona, José Alberto González Reverón (CC), debería dimitir de su cargo o ser destituido, de acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tras haber sido condenado en junio pasado a cuatro años y seis meses de inhabilitación para cargo público por la contratación ilegal de dos trabajadoras.
Pese a que la sentencia ha sido recurrida, la legislación establece que el fallo no tiene que ser firme para que un alcalde condenado por delitos contra la Administración Pública tenga que dejar el cargo.
La Ley de Régimen Jurídico de Entidades Locales remite a la Ley de Régimen General Electoral para cuanto tiene que ver con la elección o destitución de los alcaldes, y la Ley Electoral establece que no son aptos para el cargo quienes cuenten con una condena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, como es el caso del alcalde de Arona.
En concreto, el artículo 6.2.b establece que son inelegibles los alcaldes y concejales “condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal”.
Aunque no se trate de elecciones, varios juristas consultados por este periódico consideran que González Reverón debería estar en la actualidad suspendido de sus funciones, al menos hasta que se resuelva el recurso de casación contra la sentencia que lo condena y que deberá resolver la Audiencia Provincial.
No sería el único caso en España. La periodista Blanca Salazar recoge en su blog BlancaHari.com la renuncia al cargo en octubre de 2010 del alcalde de Val do Dubra (La Coruña) por el mismo motivo, antes de ser destituido y tras ser condenado por un delito de prevaricación a siete años de cárcel, y ello por imposición de la Ley de Régimen Electoral General.
El abogado Felipe Campos, que es acusación contra el alcalde en otra causa, el llamado Caso Arona, señaló a CANARIAS AHORA que “González Reverón debería haber dimitido por cuestiones políticas, pero ahora entendemos que, además, debe dejar el cargo por ley”.
Añadió que, en función de esa misma Ley de Régimen Electoral General, “todas la disposiciones, acuerdos que firme el alcalde son nulas de pleno derecho, por lo que no puede seguir un segundo más al frente del Ayuntamiento de Arona”.
En julio pasado, varias asociaciones de vecinos y la Plataforma Arona Anticorrupción solicitaron la dimisión del alcalde y la creación de una gestora por considerar que estaban en entredicho “la credibilidad y seguridad jurídica de la gestión municipal”.