Unos 60 trabajadores de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se han concentrado este martes en la sede de la capital tinerfeña para advertir de que si la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) no valida al convenio colectivo acordado entre sindicatos y Puertos del Estado el pasado mes de junio, los trabajadores entrarán en una “laguna jurídica” donde, incluso, aumentará el riesgo de “privatización” de algunos servicios.
En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa, Julián Rodríguez, afirma que el Estado no da una versión “concreta” de su rechazo, que a su juicio, obedece a que el nuevo convenio recoge “pequeños” incrementos de productividad y de salario.
Rodríguez señala que no son “privilegios”, ya que los trabajadores cobran sus nóminas a partir de la facturación, que ahora mismo da beneficios, y apunta que se les han aplicado los recortes de los trabajadores públicos sin pertenecer a la plantilla de trabajadores públicos.
De hecho, según su versión, solo el puerto de Santa Cruz de Tenerife genera unos beneficios de unos ocho millones anuales, mientras que a nivel estatal, la cifra asciende a los 200 millones.
Aparte del encierro, que acaba este martes, los trabajadores se sumarán al calendario nacional de protestas con paros parciales y concentraciones hasta de la declaración de huelga prevista para los días 6 de marzo y 3, 4 y 5 de abril. En la provincia occidental, la medida afecta a unos 250 trabajadores.