Carpas, centros insalubres y episodios de violencia. La acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias roza ya las vulneraciones de derechos de los niños, según ha advertido Unicef España este mismo martes. La comunidad autónoma tutela en la actualidad a 5.600 jóvenes, aunque su red de recursos solo tiene capacidad para atender a 2.000. Las derivaciones de menores desde el Archipiélago hacia la Península se dibujan como una de las pocas soluciones a la saturación de los centros. Después de meses de negociaciones entre Canarias y el Estado, las comunidades autónomas y el Gobierno central se reunirán este miércoles en Santa Cruz de Tenerife para abordar la reubicación de menores. El encuentro estará marcado por la indecisión del PP, que llega a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia fracturado y sin una postura clara respecto al pacto.
El PP nacional ha ignorado a los líderes de su partido en Canarias, que no han dejado de pedir auxilio al Estado para la atención de los menores no acompañados. Los bandazos que ha dado la formación política en materia migratoria han empujado al PP canario a una encrucijada, optando por mantenerse al margen mientras Alberto Núñez Feijóo pasaba de proponer a la Armada para frenar los cayucos en el Atlántico a ofrecer la solidaridad de las comunidades en las que gobierna su partido “siempre que tengan capacidad”.
“La práctica que hemos tenido durante muchos años en España y entiendo que sigue siendo, es ser solidario en la recepción de menores siempre que tengamos capacidad en las comunidades autónomas para recibirles y para cuidarles. Nadie puede dar lo que no tiene”, apuntó. Además, ha indicado que las comunidades pondrán a disposición del Gobierno de Canarias “su capacidad para atender a los menores”. “Eso es lo que entiendo que harán los presidentes autonómicos”, indicó.
El PP canario, en una encrucijada
En el Parlamento de Canarias, los grupos políticos no han dejado de pedir explicaciones al líder regional del PP, Manuel Domínguez. Tanto el PSOE como Nueva Canarias han exigido al vicepresidente del Gobierno autonómico que convenza a sus compañeros de partido en la Península para que apoyen la reforma de la Ley de Extranjería. Este martes, en el pleno, Domínguez ha ironizado sobre la capacidad que le presuponen para persuadir al PP nacional “de lo que tienen que hacer y de lo que tienen que decir”. “Estoy sumamente agradecido de la valoración que ustedes hacen de mí”, ha dicho.
Sin embargo, ha confirmado que el PP de Canarias va a respaldar la reforma de la Ley de Extranjería que permita al Estado intervenir para que las comunidades autónomas acojan de manera obligatoria a los menores que llegan a Canarias cuando los recursos de las islas superen el 150% de su capacidad. Domínguez ha anunciado su apoyo después de semanas en las que no desvelaba su postura y en las que insistía en conocer con qué financiación contaría cada región para la acogida de los jóvenes.
No es la primera vez que la inmigración distancia al PP nacional del canario. El vicepresidente regional ya propuso en 2023, en pleno repunte de llegadas a El Hierro, que los líderes del PP en la Península viajaran a Canarias para conocer en primera persona la realidad migratoria de las islas. “Si tenemos un poco, solo un poquito de empatía… Si alguien viniese a cualquiera de los puertos, a La Restinga, a Lanzarote, a ver cómo bajan esas personas de la patera, estoy convencido de que la opinión cambiaría”, dijo. Domínguez hizo estas declaraciones mientras los presidentes autonómicos de su partido criticaban los traslados de migrantes adultos a centros de acogida del Ministerio de Migraciones en la Península, llegando incluso a acusar al PSOE de colaborar con las mafias y el tráfico de personas.
La amenaza de Vox
Manuel Domínguez no se ha pronunciado sobre los bulos lanzados por Feijóo vinculando inmigración con delincuencia. Tampoco sobre cómo el PP ha abrazado en ocasiones el discurso de Vox, llegando a plantear un bloqueo naval a las personas que intentan llegar a España en embarcaciones precarias. Santiago Abascal ya lanzó en 2020 esta ocurrencia, rechazada con contundencia por la propia Armada: “Si cualquier barco de guerra de España se encuentra con una patera en una situación donde la vida de los que están en ella está en peligro, su obligación de todo tipo es rescatarlos, y eso es lo que se haría”.
A pesar de las similitudes en el discurso migratorio de Vox y el PP, la extrema derecha ha ido más allá, y ha amenazado con romper sus pactos con el PP en aquellas comunidades en las que gobiernan juntos si este decide apoyar la reubicación de menores desde Canarias. “Abandonaremos esos gobiernos inmediatamente. No seremos cómplices ni de los robos, ni de los machetazos, ni de las violaciones”, dijo Abascal, recurriendo a la vieja estrategia xenófoba de vincular la inmigración con el crimen. En Canarias, los cuatro parlamentarios de Vox tampoco apoyan el reparto, aunque su postura no sirve de presión ya que solo gobiernan con CC y el PP en un municipio de Lanzarote.
Mientras tanto, Unicef España ha pedido, un día antes de que se celebre la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, la despolitización de la emergencia humanitaria de los menores migrantes. La organización ha expresado su preocupación por las condiciones en las que los niños y jóvenes son acogidos en Canarias. “Sus derechos no se están viendo cumplidos”, alertan.
Unicef recuerda que los centros de acogida deben ser espacios seguros después de una travesía llena de peligros. Sin embargo, la saturación del sistema en su conjunto “está generando la desprotección de la infancia”. Por ello, han pedido que el pacto se cierre lo antes posible, que se llegue a un acuerdo para favorecer los traslados de manera ágil y solidaria y que se implementen protocolos para garantizar la protección de los niños tanto en Canarias como durante sus traslados a la Península.
Un frente “sin precedentes”
El Gobierno de Canarias presume de haber conformado un “frente” sin precedentes para sacar adelante la distribución obligatoria de los menores no acompañados. Este lunes, el Ejecutivo, los cabildos, los ayuntamientos y todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento, salvo Vox, firmaron su apoyo al pacto. En concreto, respaldan una modificación de la Ley Orgánica de Extranjería “que garantice la solidaridad con una distribución equitativa de estos menores” y reclaman su aprobación por parte del Gobierno de España y las Cortes Generales.
“Se lo debemos a los más de 5.500 niños y niñas que permanecen en las islas y también a un territorio que ha demostrado con creces ser una tierra solidaria y que tiene sobre sus espaldas todo el peso de la frontera sur de España y Europa”, concluyó el presidente canario, Fernando Clavijo.