El Grupo Popular ha apoyado este miércoles en la Cámara regional la iniciativa presentada por el Grupo Nacionalista (CC-CCN-PNC) para instar al Estado a que “mantenga el sistema de acreditación mediante el DNI de la condición de residente” y no aplique la decisión acordada recientemente para aportar el certificado municipal de empadronamiento con el fin de tener derecho a los descuentos en el precio de los billetes de avión.
Asimismo, se ha acordado “dar traslado del acuerdo”, para su conocimiento, “al Parlamento de las islas Baleares y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”, también afectadas por la medida decretada por el Ejecutivo central.
El presidente del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, planteó en su defensa que el mantenimiento del DNI como documento acreditativo “no cuesta dinero y no afecta a los Presupuestos del Estado pero si afecta a nuestro Régimen Económico y Fiscal”.
“Al albur de un presunto fraude, se ha impuesto a los ciudadanos una medida que nos devuelve a 15 años atrás acabando con una simplificación administrativa que supone un cargo a los ciudadanos”, afirmó Ruano.
Obligación de luchar contra el fraude
El conservador Felipe Afonso agradeció “el tono de diálogo y que se reconozca implícitamente que no van a desaparecer las bonificaciones aéreas”, motivos por los que “vamos a apoyar la iniciativa”.
No obstante, resaltó la voluntad del Ejecutivo central de “luchar contra el fraude” por ser “una obligación legal y ética”.
Por su parte , el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, se opuso a que “un presunto fraude” tenga que ser soportado por los canarios, “porque una certificación cuesta dinero, entre dos y siete euros”.
“El Estado debe saber que lo que es una excepción en la Península aquí es cotidiano”.
La socialista Belinda Ramírez criticó “la traba y un impedimento más” que, para los canarios, supondría volver a necesitar el empadronamiento para poder viajar, y puso como ejemplos “los viajes de ultima hora por cuestiones urgentes” o “los estudiantes universitarios, suficientemente castigados ya con la reducción de becas y el incremento de tasas de matrícula”.
Mejorar la movilidad
Ruano recordó que el uso del DNI se encuentra en la disposición adicional trigésimocuarta de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 1997 como consecuencia de una negociación entre CC y el primer Ejecutivo de José María Aznar.
“Esta simplificación ha facilitado la movilidad de la población canaria entre las islas y con la Península” que, sin embargo, quedaría afectada si se volviese a requerirse el empadronamiento.
“En un modelo de Administración electrónica simplificada y basado en la confianza al ciudadano como titular de derechos, que se consagra con la Directiva Bolkestein, no tiene sentido combatir el fraude que hubiera podido producirse en la acreditación de la condición de residente imponiendo nuevas cargas al conjunto de la ciudadanía que acredita su identidad y su residencia con el mismo documento: el DNI”, concluyó.
Con todo, y como asegura el Ejecutivo central y el PP, “es legítimo y necesario que la Administración pública encuentre mecanismos útiles para el control del fraude”, aunque los mismos no deben “trasladar al usuario una nueva carga administrativa”.