SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 (EUROPA PRESS)
El Grupo Popular del Parlamento de Canarias manifestó hoy a los representantes de los productores de plátanos de Canarias su “inequívoco compromiso” en la defensa del sector platanero canario y su disposición a presentar e impulsar cuantas acciones sean oportunas para garantizar el futuro del sector en las islas.
Así se lo hicieron saber el portavoz del Grupo Popular y la portavoz de Agricultura, Miguel Cabrera y Cristina Tavío, respectivamente, a los responsables de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) durante la reunión que mantuvieron en la sede del grupo parlamentario para intercambiar opiniones y analizar posibles soluciones a la grave situación que atraviesa el sector.
“El Partido Popular --anunciaron los responsables populares--, ya sea a través de sus diputados regionales en el Parlamento de Canarias o de sus representantes en el Congreso de los Diputados estudia presentar en ambas cámaras legislativas una batería de iniciativas dirigidas a facilitar al sector competir en igualdad de condiciones incorporando el plátano al régimen de compensaciones y procurando que éstas sean de la máxima cuantía”.
Por su parte los dirigentes del Asprocan mostraron a los portavoces del GPP la preocupación que suscita sobre el futuro del sector del plátano canario la perspectiva de una próxima conclusión de acuerdos entre la UE y los países latinoamericanos proveedores de plátanos sobre el régimen de importación.
Los representantes de los productores señalaron también que el futuro del sector comunitario del plátano depende del resultado de los acuerdos bilaterales que se están negociando con los países latinoamericanos y que determinarán los derechos de aduana que se aplicarán efectivamente a los plátanos de estos países. “La cifra de 95 euros por tonelada propuesta a los países andinos y centroamericanos es demasiado baja y más aun cuando existe cierta incertidumbre en cuanto al calendario de desmantelamiento unilateral”, manifestaron.
“En cualquier caso, concluyeron, las reducciones de derecho proyectadas actualmente generarían una pérdida significativa de rentas para el sector que sería conveniente compensar mediante un reajuste del apoyo comunitario”.