El último capítulo de las presuntas irregularidades en el Congreso Regional del PP de Canarias, denunciadas en 2017 por el que fue candidato a presidente y delegado del Gobierno de España en las Islas, Enrique Hernández Bento, no ha terminado de escribirse. Lejos de recurrir el demandante el archivo de su demanda contra el PP, es el propio partido quien reabre ahora el caso, para reclamar las costas judiciales.
Fuentes oficiales del PP de Canarias han confirmado a Canarias Ahora que se ha recurrido la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, al no pronunciarse en sentencia sobre la imposición de costas. La medida parte “de los servicios jurídicos del partido”, que en este proceso –y en otros, como el caso Faycán- dirige el senador Jorge Rodríguez Pérez.
La decisión judicial de desestimar la demanda de Hernández Bento por haberse dado de baja del partido después de iniciar acciones legales, y por tanto no ser parte legítima activa para demandar, no solo es el principal argumento del PP para reclamar que el demandante corra con las costas judiciales, sino que impidió que se entrara en el fondo de las “trampas”, como las denominaba Bento.
Entre ellas, destaca una grabación aportada en el juicio celebrado en marzo, y a la que ha tenido acceso este diario, en la que se escucha a la exdiputada nacional, Ana Guerra, que trabajaba desde el aparato del partido para la candidatura del presidente, Asier Antona, reconocer que tenía acceso al censo de los militantes que ya estaban al día del pago de las cuotas, y por tanto podían votar.
La grabación en sí no hubiese tenido mayores consecuencias si no se contextualiza en el tiempo del proceso precongresual del partido. La llamada, realizada por Elena de Andrés, la esposa de Enrique Hernández Bento, se produjo cinco días antes de que ninguno de los otros precandidatos (Juan José Cardona, Cristina Tavío y Bento) tuviesen acceso a ese censo. El aparato del partido no los facilitaba hasta que todos fueran proclamados oficialmente candidatos a la Presidencia del PP.
En la grabación se escucha como Ana Guerra hace referencia a “Chari”, con quien iba a consultar si la supuesta militante que hacía la llamada estaba o no al día en los pagos de las cuotas. “Chari” es Rosario Tarajano, gerente del PP canario, con acceso a los datos de pagos y cuentas de los militantes. Elena de Andrés explicó en el juicio que hizo la llamada tras recibir información de varios amigos, que nada más ponerse al día con las cuotas, recibían presiones desde el partido para votar por la candidatura de Asier Antona, que a la postre salió ganador del Congreso.
El recurso del PP a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 4 se resolverá en la Audiencia Provincial de Las Palmas, presidida por Emilio Moya, magistrado que fue viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias con la actual número 2 del Partido Popular, María Australia Navarro, al frente de la Consejería de Presidencia y Justicia, en el pacto de gobierno entre CC y PP de 2003 a 2005.
El demandante, Hernández Bento, no tiene previsto aprovechar este recurso del PP para volver a entrar en el fondo de la demanda. Fuentes cercanas al exdelegado del Gobierno de España explican que reabrir ese melón podría beneficiar a una parte del partido que se mueve para acabar con la presidencia de Asier Antona, en función de cómo acabe la pugna entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado por el liderazgo nacional del Partido Popular.