La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, denunció este jueves que la compañía Emalsa oculta al servicio municipal del Ciclo Integral del Agua el contrato extendido a la empresa Sercanarias, propiedad de los dos socios privados de la entidad, Saur y Sacyr, para mantener las alcantarillas de la ciudad, de lo que responsabiliza al gobierno local de mayoría socialista, ya que el alcalde, Jerónimo Saavedra, preside el consejo de administración de la entidad suministradora.
Según Luzardo, “el único documento” que obra en el servicio municipal del Ciclo Integral del Agua es una carta enviada por el director general de la compañía el pasado 2 de enero en la que anuncia que tres días antes, el 28 de diciembre, se había comunicado a Urbaser el cese del contrato de mantenimiento de las alcantarillas a partir del 29 de febrero de 2008.
La concejala cuestiona que el Ayuntamiento “sólo sepa que Urbaser ha dejado el servicio, pero no qué empresa lo tiene ahora”. Esta es Sercanarias, que se ha hecho con el contrato de 4,5 millones de euros anuales mediante una adjudicación directa decidida por el director general de Emalsa, que a su vez ha estado vinculado a esa entidad.
Pepa Luzardo recuerda que el artículo 3 del pliego de condiciones administrativas que rigió la privatización de Emalsa recoge que el Ayuntamiento tiene derecho a “supervisar la gestión que realiza la sociedad mixta y, en consecuencia, aparte de las facultades que la comportan como socio de la empresa, concierne a todas las potestades administrativas que la ley determina como inherentes de dicha titularidad”.
La concejala del PP cita otro apartado del mismo artículo, que señala que entre esas potestades a favor del Ayuntamiento figura la de “supervisar la gestión que realice la sociedad mixta a cuyo efecto podrá inspeccionar los servicios, sus obras, instalaciones y locales y conocer también toda la documentación relacionada con ella”. Es sobre este último aspecto donde la ex alcaldesa observa “un incumplimiento, porque el pliego de adjudicación de la sociedad mixta dicen bien claro que el Ayuntamiento debe conocer todos los documentos” de la compañía, lo que no ha sucedido en el caso del contrato a Sercanarias, en vigor desde el 1 de marzo.
Reacción del gobierno local
Por su parte, el concejal de Desarrollo Sostenible, Néstor Hernández, que tutela el servicio municipal del Ciclo Integral del Agua y es consejero de Emalsa en representación del Ayuntamiento, valoró las críticas de Luzardo en que ella y sus compañeros del PP “no han encontrado nada sospechoso y se agarran a lo que sea par seguir aumentando la polémica”.
Hernández insistió en que la decisión de Emalsa de quitar a Urbaser, del grupo Dragados, el contrato de saneamiento tras casi una década de prestación se justifica en que se ponía fin a “un proceso irregular de prórroga forzosa con vicios de no ajustarse a la ley, y que ahora se sustituye por un contrato provisional hasta la adjudicación definitiva entre la mejor oferta de las empresas que se presenten”.