Con reparos de la oposición, que presentará enmiendas parciales, el Gobierno sigue adelante con el proyecto de Ley para ampliar la Prestación Canaria de Inserción (PCI) a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos y estén en riesgo de exclusión social, especialmente a las familias con menores a su cargo.
En ausencia de la totalidad del Gobierno regional, salvo la consejera del área, Inés Rojas, la Cámara abordó este miércoles una de las leyes que fue anunciada como tema estrella por el presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, durante el Debate de la Nacionalidad celebrado en 2013.
Una Ley, enmarcada en la Estrategia de Lucha contra la Pobreza, que pretende conseguir un “acceso rápido y efectivo a la ayuda”, simplificando procedimientos y acortando tiempos de respuesta, mediante la mejora de la aplicación informática empleada para su tramitación y gestión.
De esta forma, la modificación de la Ley garantiza, según ha explicado Rojas durante el trámite de toma en consideración, “una mayor protección a las familias más vulnerables” y reduce en un tercio los tiempos de resolución de los expedientes de ayuda, “pasando de los nueve meses actuales para resolución de los expedientes a un máximo de seis”.
Cuantías reducidas y sin renovación
Una tesis no compartida ni por Carmen Hernández (NC) ni por Milagros Bethencourt (PP), para quienes el texto endurece el acceso a la prestación, elimina la renovación directa de la PCI cuando se agoten los 12 meses de ayuda previstos inicialmente y no garantiza la financiación a los ayuntamientos.
“La Ley reduce cuantías, elimina la renovación y la PCI queda supeditada a la consignación presupuestaria”, aseguró Bethencourt.
“Nuestras enmiendas al cambio de la prestación de inserción tratarán de evitar el exceso de burocracia y trabajaremos en garantizar la financiación para evitar la pobreza y para favorecer la inclusión social”, remachó Hernández.
Y es que para ambas, la Disposición Adicional Única, que condiciona la PCI “a la existencia de crédito presupuestario”puede suponer una artimaña para reducir tanto la cuantía como la duración de las ayudas.
Ampliar el perfil
Rojas ha recordado que hace siete años, cuando se ideó la PCI, la crisis no había sacudido con tanta fuerza como ahora a los ciudadanos, por lo que la modificación “tiene como fin replantear el perfil de las personas amparadas y protegidas por esta prestación”.
“Nos hemos encontrado con solicitantes que, si bien no se pueden incluir dentro del colectivo de exclusión social, sin embargo no pueden cubrir las necesidades básicas, alimentación y vivienda, dado que no perciben ningún recurso y han agotado el resto de prestaciones económicas del sistema público”, dijo Rojas.
En apoyo a la consejera, la socialista Rosa Jerez y la nacionalista Flora Marrero, han pedido a la oposición “luchar codo con codo” para probar “cuanto antes” la modificación de la Ley.
“Es el momento de unirnos todos los grupos. No podemos estar jugando con las persona sque están esperando la modificación de la PCI”, afirmó la socialista.
“Esta Ley tiene que llegar al máximo número de personas y debemos dedicarnos a conseguirlo 24 horas al día para conseguirlo cuanto antes”, concluyó Marrero.