El Partido Popular recula y cambia su discurso en torno al Consorcio para la Rehabilitación Turística del Sur de Gran Canaria. Carmen Guerra, portavoz en el Cabildo, y Rita Martín, consejera de Turismo, dijeron este martes que lo que pretenden es que las decisiones se tomen por consenso, para lo que han reclamado una reunión de la junta rectora del organismo.
Si el viernes José Manuel Soria, presidente del PP y consejero de Economía y Hacienda, amenazaba con el abandono del Consorcio para la Rehabilitación Turística por parte del Gobierno, exigiendo que se anulara el concurso por el que se adjudicó la redacción de la primera fase del proyecto de rehabilitación de la ciudad turística al despacho de un ingeniero represaliado por el vicepresidente, sus subordinadas Rita Martín y Carmen Guerra moderaron el mensaje de manera radical este martes.
En ningún momento se refirieron a ese contrato como un elemento de ruptura, si bien implícitamente se refirieron a él como un ejemplo de ausencia de consenso entre las cuatro administraciones presentes en el consorcio (Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana).
Sin referirse claramente al contrato, las dirigentes del PP insinuaron que los miembros de la Junta Rectora deben conocer los pormenores de las adjudicaciones en curso.
Ambas dirigentes políticas dijeron, al término de una breve reunión entre los consejeros del PP en el Cabildo con la titular de Turismo, que pretenden que el consorcio funcione pero exigiendo “consenso” a las instituciones presentes, así como al gerente, cuyo nombramiento no contó con el respaldo de los dos representantes del Gobierno en la Junta Rectora, Rita Martín y su viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.