El presidente de la Audiencia de Las Palmas, ex alto cargo del PP, organiza una concentración “en defensa del Estado de Derecho”

El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, durante un juicio.

Canarias Ahora

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El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, ha convocado para este viernes una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria “en defensa del Estado de Derecho”, es decir, contra la ley de amnistía y los acuerdos de legislatura firmados por el candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, del PSOE.

Emilio Moya Valdés fue viceconsejero de Justicia y Seguridad durante los años 2003 a 2005, a las órdenes de Australia Navarro, del Partido Popular, en los tiempos en los que ese partido estuvo presidido por José Manuel Soria.

Antes de convocar el acto del viernes, Emilio Moya tanteó este martes a los operadores jurídicos, a los que inicialmente informó de su deseo de convocar un minuto de silencio “contra la intromisión política en el poder judicial”, a pesar de que la ley de amnistía presentada por el PSOE para su tramitación en el Congreso de los Diputados no incluye ninguna referencia al conocido como lawfare ni a la revisión de resoluciones judiciales mediante comisiones de investigación, como se divulgó previamente.

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23 años de cárcel

En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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La Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces y magistrados en su artículo 395 “dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicos que no tengan carácter judicial, excepto aquéllas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial”.

Emilio Moya preside, además de la Audiencia Provincial de Las Palmas su Sección Sexta, de la que formó parte durante años Salvador Alba Mesa, expulsado de la carrera judicial y condenado a seis años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad documental mientras conspiró contra la también magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

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