Al presidente de Radio Televisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, no le arredran las advertencias de la secretaria del consejo rector de ese ente. Solo 24 horas después de que le advirtiera formalmente de que estaba actuando “en fraude de ley”, ha convocado por la vía de urgencia y por el procedimiento negociado sin publicidad un concurso para adjudicar la prestación de los servicios informativos de la Televisión Canaria, dotado con 144 millones de euros para un periodo de ocho años.
Mediante un correo electrónico, las tres productoras que concurrieron al concurso abierto que el jueves él mismo declaró desierto por la ambigüedad y oscurantismo de sus bases, recibieron la nueva convocatoria con unos plazos muy exigentes: diez días naturales a contar a partir de este Jueves Santo, lo que significa que las tres ofertas habrán de estar presentadas el sábado 7 de abril. En la convocatoria se anuncia que los sobres serán abiertos el próximo 9 de abril, lunes. Meteórico.
Las empresas invitadas al concurso restringido son Nuntium TV, integrada por Editorial Prensa Canaria (La Provincia y La Opinión de Tenerife), y el Grupo Prisa (Cadena Ser y El País); Liquid Media, originariamente del magnate de la comunicación Jaume Roures, ahora con mayoría de un fondo de inversión chino, y Videoreport Canarias, participada entre otros por Inforcasa, la editora del periódico Canarias 7. Sus técnicos y directivos tendrán que dedicar esta Semana Santa a revisar los pliegos del nuevo concurso para comprobar si las ofertas que presentaron a la convocatoria anterior se ajustan a ellos, de modo que no se arriesguen a quedar excluidas por defectos formales.
En el título preliminar de esta nueva convocatoria se indica que se mantienen “las condiciones esenciales del procedimiento abierto”, lo que no garantiza en absoluto que no se hayan introducido modificaciones, sobre todo a la vista de la accidentada solución adoptada la semana pasada: el propio Negrín declaró desierto el concurso alegando que ninguna de las ofertas era admisible, resolución que tomó después de que la mesa de contratación le elevara sus profundas discrepancias con el confuso contenido de las bases, lo que precisamente condujo a los tres licitadores a cometer errores en la distribución de sus ofertas en los tres sobres de que constaba la licitación.
El procedimiento administrativo para formular este nuevo concurso negociado y sin publicidad ha sido preparado por asesores jurídicos ajenos al ente público RTVC, que precisamente este miércoles se quedaba sin responsable económico-financiera, y en contra del criterio de la secretaria del consejo rector, Cristina Duce, que advirtió al presidente de que su proceder en este asunto está en lo que definió como “fraude de ley”.
Según el Código Civil, en el fraude de ley o fraude a la ley se inscriben “los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él”.
La reacción de Negrín fue la de atacar a la funcionaria, experta en contratación pública, mediante un comunicado en el que relegaba sus competencias al consejo rector -el máximo órgano ejecutivo del ente público- y radicando este concurso en la junta general de Televisión Pública de Canarias, S.A., que no dispone de ningún funcionario o funcionaria que ejerza el control previo de legalidad de los actos de su presidente, el mismo Negrín. Medios afines al Gobierno se ocuparon este miércoles de insultar y vejar a la funcionaria y a su familia por haber proferido tal advertencia legal, como viene ocurriendo recurrentemente cada vez que se tuercen de alguna manera los propósitos del presidente de RTVC y de sus patrocinadores en este proceso.
El concurso de informativos de TVC nació con polémica al arrogarse su convocatoria el presidente del ente RTVC sin contar con el respaldo del consejo rector, elegido por el Parlamento de Canarias para controlar la gestión de los dos medios públicos de Canarias. Dotado con 144 millones de euros para un periodo de ocho años. El concurso original, ahora declarado desierto, se encuentra recurrido en la jurisdicción contencioso-administrativa después de que fracasaran las impugnaciones ante el órgano de contratación y el Tribunal de Contratos del Gobierno de Canarias se declarara incompetente para pronunciarse.
Una vez la mesa de contratación ha quedado desconvocada por declararse desierta la anterior licitación, Santiago Negrín asume todas las responsabilidades en solitario.