LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 (EUROPA PRESS)
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro, ha incidido este viernes en la inoportunidad de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sin abordar la modernización del sistema judicial.
Castro se refería así a las reformas proyectadas desde el Gobierno central durante el discurso que ha pronunciado en la apertura del año judicial 2012-2013 en Canarias.
Al respecto, recordaba que las juntas de jueces del archipiélago, al igual que casi en todo el territorio español, han considerado “la inoportunidad de introducción de determinas modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial sin abordar de una vez la modernización del sistema judicial español” para impulsar una justicia “ágil y rápida, dotándola de los medios necesarios, personales y materiales”.
De esta forma, añadió, se podría conseguir ese objetivo, sin embargo resaltó que esto “contrasta con el interés que se atisba de control político de sus órganos de gobierno”, lo que recordó es “contrario al principio de división de poderes en la organización del Estado”, recogida en la Constitución Española.
“Una justicia ágil e independiente de los demás poderes del Estado es un elemento fundamental para favorecer la seguridad jurídica y, por tanto, para coadyuvar a la reactivación económica. El generalizado e inaceptable retraso que se refleja en las estadísticas judiciales es censurable desde todos los puntos de vista”, apostilló.
Asimismo, y en relación al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incidió en que tales modificaciones supondrá un “grave menoscabo al legítimo derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, así como un previsible deterioro” de la prestación del servicio público de la justicia, que afirmó se acentúa “más en la Islas Canarias no sólo por la lejanía con la España peninsular sino también por la falta de estabilidad” de la plantilla de jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales.
Este hecho, que calificó de “mal endémico”, implicará una “disfunción que ha lastrado desde siempre el buen” funcionamiento de la justicia en Canarias que cuenta con una de las tasas de litigiosidad “más elevadas” de España.
Por ello, Castro subraya que “no se trata de demandar” privilegios respecto de otros servidores públicos, sin embargo hay que tener en cuenta que la función jurisdiccional “se ejerce dentro y fuera del horario y lugar de trabajo; el régimen de tiempo de trabajo se articula de manera diferente” al resto de funcionarios, por lo que su tratamiento jurídico “viene singularizado por la dificultad” de una regulación acorde con esa función.
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
Por otro lado, en relación a la necesidad de replantear una nueva distribución territorial de las unidades judiciales, Castro admitió que son conscientes de dicho planteamiento, de acuerdo con las directrices que ha iniciado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el 'Estudio sobre Principios y Criterios Básicos para una Nueva Demarcación Judicial'.
En este sentido, apunta a que la “excesiva dispersión” de medios que la organización territorial actual conlleva “podría paliarse --en beneficio del ciudadano-- con una distribución más acorde con el desarrollo actual” de la sociedad y la especialización de los servicios que los órganos judiciales han de prestar.
Al respecto, puntualizó, que conocen las dificultades económicas actuales, por lo que a la espera de una reestructuración del mapa judicial español, comprenden la “ausencia de creación de nuevas unidades judiciales” pero abogan por refuerzos donde sea necesario.
OBRAS
Respecto a los trabajos que se llevan a cabo para concluir con las obras del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria y del edificio Judicial de La Laguna (Tenerife) aseguró que son conscientes de los esfuerzos que se están realizando.
Asimismo, matizó que lo que generarán estos trabajos será un mejor servicio público a los ciudadanos de estos partidos judiciales, lo que también “se vería beneficiado si, entre tanto, se pone en funcionamiento la nueva oficina judicial, se generalizan en los partidos judiciales con mayor volumen de trabajo los servicios comunes procesales”.
Por otro lado, se refirió a la implantación del sistema telemático LexNet, integrado en el Sistema de Gestión Procesal Atlante II, y en breve pondrá en marcha la primera experiencia piloto en las capitales de las dos provincias canarias.
De todos modos, el presidente del TSJC subrayó que para que la nueva herramienta tenga éxito será necesario la participación de todos los operadores jurídicos, ya que se va a obtener un avance en la consecución del expediente digital, además de ayudar a una mayor celeridad en la tramitación de las actuaciones procesales.
TASA DE LITIGIOSIDAD
En cuanto a la tasa de litigiosidad en Canarias, considerada una de las más altas en España, se sitúa en 203,9 asuntos por cada 1000 habitantes, sólo superada por Andalucía y la Comunidad de Madrid, si bien se ha reducido levemente con respecto a 2010.
Asimismo, la tasa de resolución de los juzgados y tribunales del archipiélago también “sigue siendo alta” debido, apuntó, al esfuerzo de los trabajadores de justicia, ya que Canarias está por encima de la media nacional al resolverse 28.818 asuntos más que el año anterior.
Y aunque admite que se trata de una situación mejorable supone un avance respecto de años anteriores. Además, lo relaciona con la toma de posesión de nuevos jueces y magistrados una vez finalizada su formación en la Escuela Judicial y a la menor movilidad en el personal judicial en el transcurso de ese año, sin embargo muestra su temor a que con el plan de reformas que se proyecta en relación al estatuto de Jueces y Magistrados la situación vuelva a empeorar.
En cuanto a la tasa de pendencia (de 0,3) sigue siendo alta aunque un punto inferior a la del año anterior, y sólo superada por los órganos de Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana.
Agregó que los órganos judiciales de Canarias ingresaron en 2011 un 3,57 por ciento de asuntos menos que el año anterior, resolviéndose un 2,50 por ciento más que en el 2010; y habiéndose dictado 86.965 sentencias, 282.810 autos definitivos y 74.697 decretos.
Respecto a la tasa de congestión de los tribunales canarios sigue siendo también alta, de las más altas de España, sólo pro detrás de Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.
Y en relación al “alto” grado de conflictividad de la materia de violencia de sobre la mujer que se genera en Canarias, el número de denuncias por cada 10.000 mujeres fue de 8.049 (37,8%), lo que implica que se encuentra “muy por encima” de otras comunidades, sólo superadas por Baleares y Murcia; mientras que la media española es del 28,4 por ciento.
Finalmente, Castro subrayó que atendiendo a estos datos “es necesario realizar gestiones y buscar fórmulas que permitan rebajar las tasas de pendencia y de congestión indicadas”.