Las conclusiones de Coalición Canaria fueron inicialmente redactadas por la diputada Belén Allende, que fue relevada de esa responsabilidad pocos días antes del pleno del Parlamento de la semana pasada en el que quedaron aprobadas unas conclusiones apoyadas por CC y PP en las que se responsabiliza al ex director general de Industria, Celso Perdomo, y se apunta a la intervención del PSC-PSOE en la trama.
Belén Allende prefirió no acudir el viernes pasado a la aprobación de las conclusiones oficiales. Tomó el vuelo de las nueve de la mañana en dirección a El Hierro, donde vive. Tampoco quiso participar en la votación la diputada herreña Pilar Mora, que se encontraba en el Parlamento.
En ningún momento las conclusiones iniciales de CC mencionan al PSOE, partido con el que sin embargo coinciden en la espina dorsal de lo que puede considerarse la trama urdida por José Manuel Soria, Luis Soria y José Manuel Arnáiz. Eso sí, en ningún momento se menciona el nombre del presidente del PP canario ni la intervención del Cabildo que preside en toda esta operación.
En un documento fechado el 2 de marzo pasado, Belén Allende describe gran parte de lo ocurrido en la trama eólica, y se detiene particularmente en detallar los aspectos referidos a la empresa pública Megaturbinas de Arinaga y de la mercantil privada Promotora de Recursos Eólicos, vinculada a los hermanos José Ignacio y Javier Esquível.
De esta última empresa, la diputada nacionalista da por probado que “hasta tres meses antes de formalizar la solicitud de concesión de dominio público portuario para la construcción en el muelle de Arinaga de un parque eólico con 20 molinos, Promotora de Recursos Eólicos se dedicaba, según su objeto social, a la adquisición de fincas rústicas o urbanas y al asesoramiento fiscal o contable a empresas y entidades privadas. Tan sólo unos meses antes de la convocatoria del concurso eólico, la empresa cambió su objeto social para poder concurrir al concurso público objeto de la investigación”.
En el siguiente párrafo de las conclusiones provisionales de CC se podía leer lo siguiente: “Demostrada la existencia de un recurso natural en suelo público, cuyo aprovechamiento adecuado resulta de una rentabilidad extraordinaria; demostrada la existencia de una empresa pública creada en relación al aprovechamiento de energías renovables y particularmente la eólica, Megaturbinas, S.A., y confirmado ante esta Comisión [de investigación] que habiéndose convocado un concurso de adjudicación de nuevas potencias eólicas, esta empresa pública desechó concurrir a él”.
La diputada Allende también entró a evaluar lo ocurrido en la Autoridad Portuaria de Las Palmas por aquellas fechas, es decir, finales de 2004 y principios de 2005. Así, coincide con algunos comparecientes en la comisión de investigación en calificar de “muy generosa” la oferta “realizada por el entonces presidente de la institución”, José Manuel Arnáiz, de “haber accedido no solamente al pago de los proyectos [con los que Promotora había concurrido al fallido concurso eólico] sino también a un 3,5% de la facturación bruta del futuro parque eólico”.
Se refiere la parlamentaria al acuerdo firmado entre José Manuel Arnáiz y Javier Esquível para cederle ese porcentaje de los ingresos de un parque eólico explotado por la Autoridad Portuaria en Arinaga en el supuesto caso de que un concurso público convocado por ese organismo no beneficiara a Promotora de Recursos Eólicos. Ese acuerdo ha sido declarado nulo por el Ministerio de Fomento ante el evidente daño que produce al interés general.