El Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz ha citado a declarar en calidad de imputados al exalcalde de Santa Cruz y secretario de la entidad Parque Marítimo SA, Pedro Doblado, al exsecretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes y al exgerente de este mismo organismo, Eduardo Risueño, en el primer caso por presunta malversación de fondos y en los otros dos por supuesto tráfico de influencias.
Todos ellos tendrán que acudir a declarar a finales de septiembre y principios del mes de octubre. Además, son los primeros imputados después de que este Juzgado haya asumido las investigaciones desde el año 2009 tras la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción. En estos momentos hay tres causas penales abiertas que tienen como epicentro este recinto dedicado al ocio como son la ya mencionada, otra más por presunta falsificación de los planos en la que está imputado también Reyes y una última por supuestos delitos fiscales en los que están involucrados los anteriores gestores del recinto en distintas etapas, Valentín Álvarez, Jorge Bethencourt y Luis Gil. Sin embargo, la que se tramita en el Juzgado número uno está considerada la principal dentro de esta trama.
El abogado Felipe Campos dio a conocer el jueves las novedades de la causa que ha seguido y denunciado desde un principio. Señala que las nuevas imputaciones están relacionadas en el caso de Doblado con la celebración de actividades en un espacio público por el que no se abonaba ningún canon al Ayuntamiento y por el contrario todos los beneficios iban a parar a los bolsillos de los empresarios.
En cuanto a Reyes y Risueño, su imputación deriva de las supuestas presiones que ejercieron sobre una funcionaria para que emitiera informes que avalaran la celebración de estas fiestas a lo que se negó. Poco después la trabajadora fue relevada de su cargo en la Gerencia de Urbanismo. Campos indica que no sería descabellado que en las próximas fechas se citen a nuevos imputados como podrían ser mandos de la policía local o al empresario del ocio nocturno, Carlos Quintero, al que se le interceptaron llamadas telefónicas en las que supuestamente se demostraría connivencia y complicidad con cargos políticos, tanto en el Ayuntamiento como en el Parlamento canario.
Emmasa
Por otro lado, en la rueda de prensa también se dio a conocer que el próximo fin de semana expira la concesión otorgada en 2003 a la empresa Canaragua para la gestión y mantenimiento de la depuradora de aguas. Según el abogado, tienen noticias de que la actual adjudicataria de este servicio, Sacyr-Vallehermoso ya tiene preparada la subcontratación. De confirmarse este hecho se habría incurrido en un incumplimiento muy grave y por lo tanto se podría llegar a rescindir el contrato con Sacyr a coste cero. Y ello además cuando está a punto de celebrarse un pleno tras la anulación del acuerdo por el que se decidió la privatización del servicio.
Dentro de este entramado, Reyes, ahora como jefe del Servicio de Infraestructuras, ha elaborado un informe en el que apunta que las trece infracciones ya identificadas sólo pueden ser objeto de una multa pero no implican la rescisión del contrato. Campos consideró que el técnico está incurriendo en una posible falsificación de la norma en cuanto se ha podido demostrar que cada una de las infracciones son muy graves y por lo tanto permitirían anular la adjudicación.
En el caso de la subcontratación de la depuradora Reyes justifica que no se trata de un servicio esencial al señalar que el control seguirá en manos de Emmasa cuando en realidad lo estará de Valoriza.Esta empresa pertenece al mismo grupo que Sacyr y es la que siempre ha gestionado este servicio en Santa Cruz ya que esta última sólo tiene experiencia en el mantenimiento de carreteras.
Campos anunció que el contenido de este informe puede ser objeto de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción a la vez que criticó que la Junta de gobierno hubiese aprobado el dictamen de Reyes en el que no se opta por la rescisión del contrato sino por la sanción por las trece infracciones. El concejal de Izquierda Unida-Por Tenerife (IU-XTF), José Manuel Corrales consideró que ambos hechos apuntan directamente “a parte de la cúpula del Régimen” y se vuelve a demostrar una vez más que no se defienden los intereses generales de los ciudadanos sino los particulares de unos pocos. Calificó de “muy turbio” todo lo ocurrido entorno al Parque Marítimo y a la privatización de Emmasa en cuanto se “coge lo que pertenece a todos y se pone en manos de unos pocos, lo que evidentemente perjudica a la mayoría”.