El Real Decreto 16/2012 de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud aprobado por el Gobierno central del Partido Popular hace ahora justo un año “no ha supuesto ningún ahorro a las arcas del Estado” y está poniendo “en serio riesgo” la salud pública de la ciudadanía. Así lo consideró este sábado el secretario de Sanidad del PSOE de Canarias, Jesús Morera, durante una rueda de prensa ofrecida junto a la portavoz en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Pilar Grande, y el coordinador de la Organización Sectorial de Sanidad del PSOE, Ricardo Redondas. En ese encuentro, la formación socialista señaló que, con este decreto, “el PP ha preferido tomar medidas más encaminadas a cuadrar los objetivos de déficit que a atender la salud y el tratamiento de la enfermedad de las personas”.
El secretario regional de Sanidad consideró que en la actualidad “se han roto las garantías de universalidad, de equidad, gratuidad y calidad en materia sanitaria”, todo ello gracias a un recorte en políticas sanitarias que en el ámbito nacional se ha situado, hasta el momento, en 7.000 millones de euros, según informa la formación socialista en un comunicado. De hecho, hizo hincapié en las repercusiones directas sobre la ciudadanía que está teniendo este recorte en las políticas de salud pública, entre ellas “que las estrategias de control frente a enfermedades infecciosas potencialmente transmisibles se estén volviendo ineficaces”.
Sobre la cuestión de la desatención a inmigrantes 'sin papeles' que provoca el Real Decreto del PP, Jesús Morera advirtió que esto supone “la pérdida de la universalidad de nuestro sistema sanitario”. “Incluso presentamos una proposición no de ley, aprobada en el pleno del Parlamento de Canarias, en la que se instaba al Gobierno de Canarias a articular un mecanismo para garantizar a las personas inmigrantes en situación irregular que residan en Canarias los mismos derechos a una cobertura sanitaria”, afirmó. El responsable socialista de Sanidad recordó que el Tribunal Constitucional ya ha dejado claro que el “derecho a la salud y el derecho a la integridad física” de los inmigrantes “están por encima de cualquier consideración económica”.
En este sentido, Morera instó al Gobierno de Canarias a “ir más lejos” y “seguir el ejemplo de comunidades como País Vasco, Andalucía o al menos Galicia, en la que ”se incluye la prestación farmacéutica y una reducción del tiempo mínimo de residencia en la condiciones exigidas para que los inmigrantes en situación irregular puedan acogerse a la prestación sanitaria“.
El secretario de Sanidad también se refirió al régimen organizativo del Servicio Canario de la Salud, en el que a su juicio “tampoco este decreto produce un ahorro”. “De hecho, posiblemente se produzca todo lo contrario, al distorsionar el sistema de atención dirigiendo a estos colectivos a unos servicios de urgencia colapsados y más caros que la atención primaria o la prevención sanitaria”, añadió. Asimismo, sobre el copago farmacéutico que introduce el decreto, una medida “que afecta sobre todo a los pensionistas y que en el fondo es un impuesto a los enfermos”, Jesús Morera insistió en que los españoles “ya copagamos nuestra asistencia sanitaria con nuestros impuestos”, por lo que en realidad se trata de “repagar nuestras prestaciones sanitarias en caso de pérdida de la salud”.