Santiago Pérez, portavoz parlamentario del Partido Socialista Canario, ha afirmado que la práctica del Gobierno regional de dejar caducar expedientes sancionadores del área de Consumo que afectaban sobre todo a “grandes empresas” habría sido “habitual” durante la mayor parte los últimos seis años.
A la espera de que se confirmen, El PSC considera “de mucha confianza” las informaciones en que se basa esta denuncia, sobre la que llevan recogiendo datos desde hace “varios meses” pese a que el Ejecutivo regional “no ha contestado” de forma clara.
Así lo aseguró Pérez en el programa El Correíllo de CANARIAS AHORA RADIO, al tiempo que resaltó que esta multitud de expedientes de la inspección de Consumo “caducados y archivados sin sanción” supondría no sólo una merma recaudatoria valorada en torno a los seis millones de euros, sino también una “falta de garantía” en la defensa de los derechos de los consumidores.
“Las garantías se desvanecen” ante este panorama, valoró Santiago Pérez, para denunciar a continuación la “sensación de impunidad en materia de protección del consumo” que pueden conllevar estas prácticas. “Cualquier infractor, si es influyente”, concluyó el portavoz parlamentario del PSC, “sabrá que al final” todo queda “en nada”.