El secretario de Medio Ambiente de la Comisión Ejecutiva Regional del PSC-PSOE, Ricardo Guerrero, ha calificado de “xilo-xenófoba e incendiaria” la propuesta defendida por el presidente del Parlamento canario, Antonio Castro, de considerar ilegal la inmigración o controlar la natalidad en el Archipiélago como fórmula para evitar el consumo de suelo que provoca el crecimiento poblacional.
“En el futuro, tendremos que reconocerles a esos inmigrantes la deuda que estamos contrayendo con ellos por mantener y mejorar nuestro nivel de vida”, sostiene Guerrero, quien afirma que “CC tiene que asumir su enorme responsabilidad en el deterioro del paisaje y el territorio, en lugar de inventar discursos socialmente incendiarios y moralmente vergonzantes para distraer la atención de la ciudadanía”.
Para Guerrero las declaraciones de Castro “van cargadas de cinismo, porque como el señor Castro muy bien sabe, que si algo ha sido devastador para el territorio y el paisaje de las Islas ha sido el insaciable ansia de poder y permanencia de CC”, indica Guerrero.
El también consejero socialista en el Cabildo tinerfeño considera que el último ejemplo de esta acción es la Ley de Medidas Urgentes sobre el territorio, en trámite parlamentario a propuesta por el Gobierno canario, y que Guerrero indica contiene “ámbitos oscurecidos donde los dirigentes de CC hacen que su camarilla de empresarios amigos jueguen con toda comodidad enriqueciéndose a costa de destrozar el territorio”.
Para el representante socialista “resulta obsceno que desde CC se articulen estos discursos xilo-xenófobos, cuando la mano de obra inmigrante no ha contribuido al desarrollo económico de estas Islas”. Además, recuerda que ha sido utilizada “profusamente” en todo tipo de obras públicas, como el tranvía o la remodelación de la plaza de España.
También recuerda que la mano de obra inmigrante, forma parte, “a bajo coste”, del servicio doméstico o del cuidado de los mayores, “también en muchos hogares de los propios dirigentes de CC”, afirma en un comunicado.
Así, recomienda al Gobierno canario que empiece a desarrollar la Ley de Directrices y reformen “por completo” la Ley de Medidas Urgentes “para que de verdad proteja el territorio de la depredación que ahora mismo ellos amparan”.