La presión ejercida por el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, para que su partido lo afore ante el Senado ha provocado una fuerte división interna en el PSOE de Canarias. La decisión sobre el nombre de la persona a proponer para ocupar la plaza vacante a la Cámara Alta se ha aplazado por segundo día consecutivo, lo que impedirá adoptarla este miércoles en el Parlamento regional, como inicialmente estaba previsto.
En la dirección socialista se ha barajado la posibilidad de aceptar la petición de Acosta de otorgarle un año de aforamiento en el Senado, el tiempo que él considera más que suficiente para que las dos causas por corrupción que se tramitan en los juzgados de Puerto del Rosario cambien de fuero y recaigan en el Tribunal Supremo, donde el presidente del Cabildo de Fuerteventura considera que puede tener más posibilidades de ser absuelto. Aún a riesgo, eso sí, de perder una instancia de recurso, la de Audiencia Provincial de Las Palmas.
Pero el PSOE y Blas Acosta necesitan hacer encaje de bolillos para sortear no solo el escándalo político que supondría esa designación, sino también el código ético del partido, que obliga a sus militantes y cargos públicos a renunciar a sus puestos en el caso de verse envueltos en una causa en la que se decrete apertura de juicio oral. Es cierto que ninguna de las dos que señalan a este cargo público y orgánico se encuentran aún en esa situación formal, pero sí en la fase previa, que ya no tiene marcha atrás: el auto de procedimiento abreviado, y una de ellas con calificación y acusación firme de la Fiscalía.
Acosta está acusado ya formalmente por la Fiscalía en una causa relacionada con su gestión al frente de la empresa municipal de gestión urbanística del municipio de Pájara (Gesturpa) por la que le solicita cuatro años y tres meses de prisión. Además, acaba de ratificarse la apertura de procedimiento abreviado contra él por la concesión de una licencia ilegal en la zona de La Pared, en el mismo municipio sureño de Fuerteventura, uno de los más potentes enclaves turísticos de Canarias.
Las presiones ejercidas por el secretario general de los socialistas majoreros encontraron eco en varios de sus homólogos, como los de El Hierro y La Gomera, además de la influyente Dolores Corujo, lideresa del partido en la isla de Lanzarote, donde ejerce también como presidenta del Cabildo. Acosta ha hecho valer sus tres décadas “de servicio al partido” y su apoyo a la candidatura de Ángel Víctor Torres a la secretaría regional para reclamar de la Ejecutiva Federal que su nombre sea el propuesto para ir al Senado, al menos por un año.
Porque, además de las complicaciones penales, al presidente del Cabildo también le acecha una moción de censura que podría hacerle perder ese cargo y dejarlo sin ningún tipo de ocupación política.
En el ánimo de la Ejecutiva Regional del PSOE canario ha pesado también la campaña mediática llevada a cabo por dos periódicos y una emisora de radio afines a Coalición Canaria, que han respaldado las pretensiones de Blas Acosta para tratar de frustrar la candidatura de la persona designada hasta hace poco sin discusión, Santiago Pérez. Pérez pasa por ser el enemigo público número uno de los nacionalistas por haber sido el denunciante de causas como Las Teresitas, por las que permanece en prisión uno de los valores políticos más importantes de CC, Miguel Zerolo. Además, Pérez mantiene en los juzgados al expresidente del Gobierno y actual número uno de los nacionalistas, Fernando Clavijo, por el llamado caso Reparos.
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