El Gobierno de Canarias anunció este verano que presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley por el Derecho a la Vivienda por invadir, en su opinión, competencias autonómica. Se trata de una ley que, entre otras cosas, aboga por establecer cierto control sobre los precios para evitar la especulación de, por ejemplo, los considerados grandes tenedores de inmuebles. Sin embargo, dicho recurso no se llegó a presentar porque en el Ejecutivo canario, formado por Coalición Canaria y PP, pensaron que el mes de agosto era inhábil, cuando no lo es. Así lo explicó su portavoz, Alfonso Cabello, este lunes tras el Consejo de Gobierno presidido por Fernando Clavijo. Cabello detalló que cuando se quiso presentar el recurso, el plazo ya había finalizado.
En opinión del PSOE, este incidente demuestra la “nula capacidad de gestión” y el “poco nivel” de este Gobierno, en palabras del portavoz del PSOE en el Parlamento autonómico, Sebastián Franquis.
La Ley de Vivienda, ha destacado Franquis, “es la primera norma en democracia en España que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, y que consolida la vivienda como un pilar del estado del bienestar, abordando la problemática en toda su dimensión”.
El portavoz ha denunciado que el anuncio del Gobierno canario de recurrir la ley era alinearse con otros gobiernos del Partido Popular contra una norma esencial y una regulación coherente que garantiza la igualdad en el derecho a una vivienda digna.
Para el PSOE, la Ley por el Derecho a la Vivienda regula “las herramientas básicas de la planificación estatal, a la vez que articula las políticas de planificación y programación públicas, y establece mecanismos para ampliar la oferta de vivienda social”.