Los diputados socialistas canarios y baleares han presentado en el Congreso una proposición no de ley para que el Gobierno de España asuma el pago del 50% del descuento para residentes en el transporte marítimo entre islas, frente al 25% que abona en la actualidad.
Los diputados socialistas de ambos archipiélagos hacen hincapié en que Baleares y Canarias son territorios con unas características excepcionales por su condición insular.
Argumentan que la Constitución española reconoce el hecho insular como un diferencial que debe ser tenido en cuenta al establecer un equilibrio económico entre los territorios de España, para “un real y efectivo cumplimiento de la solidaridad interterritorial”.
Las características de lejanía, insularidad, reducida superficie y dependencia económica de un limitado número de productos hacen que el sector del transporte sea uno de los de mayor valor estratégico en la economía de ambos archipiélagos, según exponen los parlamentarios socialistas.
Así mismo, consideran que “el transporte marítimo entre islas es una pieza clave no sólo para la economía de las islas, sino también para sus habitantes”, ya que la mayoría de los usuarios de este tipo de transporte son residentes insulares que viajan “fundamentalmente por causas laborales, familiares o incluso por salud”.
Es decir, “el transporte marítimo tiene claro componente social que posibilita que muchos ciudadanos insulares puedan trabajar, estudiar, gozar de buena salud, ver a sus familiares, amigos y seres queridos, al igual que los demás ciudadanos no insulares”, explican.
Por todo ello esperan que la iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Fomento, reciba el apoyo del resto de diputados de todos los grupos porque consideran que “esto no es una cuestión de partidos, sino de solucionar la vida de las personas, en este caso, de los ciudadanos que residen en islas”, ya que el transporte marítimo de pasajeros conecta los núcleos de población insulares que, por lo general, no están debidamente conectados por otro medio de transporte“.
De hecho, los socialistas amparan su iniciativa en el artículo 138.1 de la Constitución Española que establece que el Estado debe velar por un equilibrio económico justo del territorio español, y atendiendo en particular al hecho insular.