El Ayuntamiento grancanario de Ingenio a través de un decreto de su alcalde, el socialista Juan Díaz, ha amnistiado a su socio de gobierno, el empresario José López Fabelo, que tenía abierto un expediente desde 2014 por graves irregularidades urbanísticas, en concreto por ampliar sin permisos una pequeña gasolinera y convertirla en el taller El Paso 2000, que cuenta con nueve puestos de atención de vehículos y tres trenes de lavado automatizado, más sus correspondientes servicios anexos. Unas instalaciones que se quedaron fuera del planeamiento municipal convirtiéndose en infracciones que ahora, con esta decisión, quedan prescritas.
Cuando acabaron las elecciones municipales de 2015 el PSOE se quedó a tan sólo dos concejales de la mayoría absoluta en Ingenio. Desde ese momento se abrieron varias opciones, dos de las cuales parecían las más lógicas: por un lado aliarse los socialistas con los cuatro concejales de Agrupa Sureste-Nueva Canarias, y de este modo repetir en la localidad el pacto que rige en el Cabildo de la isla, o por otro lado acatar el pacto regional y llegar a un acuerdo con Coalición Canaria y sus tres concejales del Proyecto Somos. Sin embargo, Juan Díaz optó por una tercera vía: sellar la alianza de gobierno con Fórum Drago, una formación local liderada por el empresario José López Fabelo, un pacto que para muchos vecinos del municipio es “antinatura” ya que está formado por socialistas y un partido claramente de derechas. Las sospechas comenzaron a dispararse cuando se comprobó que lo que López buscaba era su beneficio empresarial, algo que para algunos concejales de la oposición se ha demostrado tras el decreto emitido el pasado mes de junio.
Tal como informó este periódico en 2015, y explica el portavoz de Agrupación Sureste, Domingo González, en febrero de 2014 López Fabelo vendió su empresa, que se expande por casi todas las islas del Archipiélago, al grupo catalán Rodi Motor Services y pasó a llamarse El Paso 6000. En abril de ese año la Policía Local realizó una inspección y levantó un acta de denuncia en el que aparecían reflejadas las irregularidades urbanísticas de las instalaciones. Así, los agentes se percataron de que la licencia de apertura del negocio no correspondía con la actividad que allí se estaba desarrollando ya que lo que inicialmente fue una autorización para una gasolinera y luego un almacén para neumáticos se había convertido –sin proyecto y sin licencias urbanísticas que lo sustenten- en una nave de talleres y varios trenes de lavado que además no han contado con las autorizaciones de Aena por encontrarse en zona de servidumbre aeronáutica debido a las proximidades del Aeropuerto de Gran Canaria.
Sin embargo, fue tras las elecciones de mayo de 2015, catorce meses después, cuando el por entonces alcalde de Ingenio, Juan José Gil (hoy en la oposición liderando el Proyecto Somos tras abandonar el PP) firmó un decreto en el que se acordaba “iniciar procedimiento administrativo de corrección de irregularidades a El Paso 6.000 SL en relación con la ampliación de actividad de estación de servicios”. Según aclara a este periódico Gil, él no tenía conocimiento de este expediente y se enteró del mismo a través de un anónimo en la jornada de reflexión. Gil lideró entre 2011 y 2015 el Ayuntamiento merced a un pacto con Agrupa Sureste que mandó a Díaz a la oposición, tras haber sido alcalde entre 2007 y 2011 y entre 2002 y 2003.
“Presenté un escrito en Fiscalía contra mi concejal de Urbanismo (por entonces Domingo González) diciendo que hay una denuncia de la Policía Local en relación con la licencia de abril de 2014 y el técnico municipal fue a hacer la inspección el 15 de abril de 2015, un año después, cuando normalmente las inspecciones son a los 15 días”, apunta Gil, quien afirma que “cuando yo me enteré de eso antes de dejar la Alcaldía lo puse en conocimiento de la Fiscalía. La ilegalidad estuvo guardada en un cajón que no sé de quién, pero no el mío. No tenía conocimiento expreso de este tema, no lo conocía hasta el anónimo”, recalca.
Juan Díaz pone el foco en la oposición
Para el alcalde de Ingenio la culpa de la polémica es de la oposición, a la que acusa de haberse dedicado a calentar el ambiente político. Díaz recapitula que aunque la inspección se realizó en abril de 2014, fue en junio de 2015, justo cuando estaba negociando con todos los partidos con quién pactar, cuando se abrió el expediente en vez de al mes siguiente del examen de la Policía.
“Domingo (González) mantuvo durante catorce meses ese tema en el cajón. El informe jurídico y técnico de Urbanismo dice que es verdad que no tienen los informes de Aena, como no lo tiene casi ninguna empresa desde el año 1972. Lo que hace la Policía es presentar la denuncia, porque no hay informe de Aena, y entienden que hay una regularidad”, advierte el político socialista.
Sobre las modificaciones en las instalaciones, Díaz recalca que son de 2004 y están prescritas, y que en caso de no haber firmado este decreto caería en prevaricación por dejar sin cerrar el expediente. Cuestionado sobre si ha favorecido a conciencia a su socio de gobierno, el que fuera candidato socialista al Senado subraya que lo único que ha hecho ha sido suscribir lo que le remiten los técnicos. “Como están las cosas estoy yo como para favorecer a un político”, comenta con ironía e insiste en que si este caso no afectara a alguien del Ayuntamiento pasaría desapercibido. “Según la oposición, tendría que hacerse expedientes a todas las empresas y particulares que han solicitado reformas y no tienen el informe de aviación civil”, reitera.
El alcalde “echa mierda a los demás”
En cuanto a las acusaciones de Juan Díaz a Domingo González de haber hecho la vista gorda durante catorce meses, el líder de Agrupa Sureste denuncia que lo que hace el alcalde “es poner el ventilador para culpar a los demás cuando ha sido el culpable de archivar el expediente de esa manera. Está intentando echar mierda a los demás, los papeles están claros, las mentiras tienen las patas cortas”.
Y es que González señala que le tiene intespuesta una querella a Díaz por difamación. “Me está acusando de un delito, de haber dejado en un cajón un expediente disciplinario. Ya lo hizo una vez, tiene una imputación formal que está pendiente de juicio y voy a ampliar con esto la querella por difamación”, explica el que fuera alcalde del municipio entre 2003 y 2007.
González ha presentado ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y ante Aviación Civil del Ministerio de Fomento alegaciones ya que entiende que “es preceptivo y vinculante lo que digan” estas instituciones porque ese espacio está sometido a servidumbres aeronáuticas de varios tipos. “Si a todos los vecinos de Ingenio se le obliga a pasar el filtro de aviación civil para licencia urbanística, también a Juan José López. Eso es lo que hemos planteado. Tal es así que ya sabemos que se ha remitido a Aviación Civil y la AESA después de haberse archivado el expediente, cuando se debió haber hecho previamente. Entendemos que se ha hecho mal sin contemplarse todos los pasos administrativos. Se ha actuado de manera contraria al resto de vecinos”, observa el político nacionalista.
Mientras, Juan José Gil ha solicitado la creación de una comisión especial para que se explique la orden del alcalde. “El decretazo no lo entiendo y por eso he pedido la comisión informativa para que me lo explique bien. No entiendo, puede prescribir la sanción pero no la servidumbre aeronáutica, la licencia era para una serie de habitáculos y lo que se hizo fue duplicar los habitáculos en las obras que se hicieron”, expresa el portavoz de Somos quien cree que decisiones como estas pueden afectar a la inversión en el municipio. “Lo que me da que pensar, al igual que el pueblo y los empresarios, es que todas las empresa en Ingenio no son iguales”, recalca. Además, pone el ojo en los técnicos municipales a los que le pide “responsabilidad” ya que entiende que si los delitos prescribieron se debe a que “alguien no ha hecho su trabajo”.
Gil también dispara a José López y pregunta si este está “para resolver problemas de los ciudadanos o para resolver sus problemas. Un empresario que presume de no cobrar lo que está demostrando es que está para resolver algo personal, tienen que explicarlo” a la vez que añade que “cuando pase el tiempo ya nos iremos dando cuenta de por qué se ha firmado un pacto antinatura en Ingenio”.
Por último el beneficiado del decreto, José López, declinó hacer comentarios a este periódico antes del pleno que se celebrará el 26 de septiembre. Sostiene que primero quiere dar las justificaciones a los vecinos y posteriormente a la prensa. Un pleno que se presenta caliente.