El PSOE pide al Gobierno de Canarias medidas para proteger a los afectados por las cláusulas suelo

Las Palmas de Gran Canaria —

El grupo socialista en el Parlamento de Canarias ha presentado una proposición no de ley para que el Gobierno autonómico desarrolle acciones que permitan agilizar la devolución de las cantidades abonadas como consecuencia del cobro irregular de intereses hipotecarios tras la declaración de nulidad de las cláusulas suelo por el Tribunal de Justicia Europeo.

El diputado Gustavo Matos indica en un comunicado que el ejecutivo regional puede entre otras medidas, formalizar un convenio de colaboración con los colegios de abogados de las islas para el asesoramiento y orientación de las personas afectadas, que en Canarias pueden ser unas 100.000.

Otra propuesta es la creación de un protocolo de asesoramiento a los ciudadanos para la reclamación de cantidades derivadas de la posible nulidad de cláusulas suelo en coordinación con las oficinas municipales de información al consumidor.

El PSOE plantea también el refuerzo de los servicios de orientación y mediación para la resolución extrajudicial de estas reclamaciones y el desarrollo de campañas de información y divulgación sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y el modo de reclamar las cantidades.

Según Matos, el Gobierno debe incrementar la colaboración con las asociaciones de consumidores y usuarios de Canarias para la protección y orientación de la ciudadanía en relación con la devolución de cantidades derivadas de la nulidad de cláusulas suelo.

“El Gobierno de Canarias debe desplegar, en el marco de sus competencias, una actividad que facilite a los afectados el cobro de esas cantidades, ya que las entidades bancarias ya han adelantado que no procederán a una devolución colectiva de las cantidades y que esperarán a que cada uno de los afectados inicie sus respectivas reclamaciones a los efectos de fijar caso a caso la citada devolución”, indica el diputado.

Para Gustavo Matos, el sector financiero pretende minimizar el impacto de la resolución del Tribunal de Justicia Europeo que anuló las cláusulas suelo y trata de evitar una reclamación masiva de las cantidades.