La diputada regional del grupo Socialista María Victoria Hernández emplazará al Gobierno de Canarias, a través de una proposición no de ley, a que se otorgue la Medalla de Oro de Canarias a las asociaciones de la memoria histórica en el archipiélago.
En un comunicado el grupo Socialista indica que pedirá al Pleno del Parlamento de Canarias que se tramite esta propuesta porque ha llegado el momento de reconocer la labor de las asociaciones, aún con el convencimiento de que esto es insuficiente para resarcirles del dolor que aún no han logrado cicatrizar en las familias que perdieron asesinadas a un familiar o sufrieron torturas, detenciones ilegales e incautación de bienes, afirma Hernández.
“Son centenares de familias canarias que, aún después de 80 años, continúan buscando los restos mortales de familiares y vecinos”, expone el texto de la proposición.
La primera excavación con autorización judicial que se realizó en España fue el 7 de mayo de 1994 en los montes del municipio palmero de Fuencaliente, en la zona conocida como Pino del Consuelo.
En esa fecha un grupo de familiares de represaliados y ejecutados durante la guerra civil localizaron esta fosa común con cinco cadáveres que tienen señales de muerte violenta con perforación del cráneo por balas.
En 2007, muy próximos a la citada fosa, se encontraron otros ocho cadáveres.
En Gran Canaria las asociaciones de la Memoria Histórica han puesto en marcha la búsqueda de los Pozos del Olvido.
También hay una asociación en Tenerife y todos estos colectivos se constituyeron jurídicamente a partir de 2007, cuando la Ley de Memoria Histórica “vino a ordenar lo que ya era un clamor de toda España y que fue el Partido Socialista quien la puso en marcha”, asevera la diputada palmera Hernández.
“Han sido ellas las que continuamente, con diferentes actos, reconocimientos, excavaciones, publicaciones y exposiciones, han mantenido la memoria de los hechos lamentables de la sinrazón, del enfrentamiento entre diferentes postulados políticos entre 1936 y 1978 y con el triste resultado de ejecuciones y represalias sin causas, motivos y garantías mínimas judiciales”, concluye.