PSOE, PP y Vox han tumbado en la Comisión de Vivienda del Congreso una propuesta de Podemos para limitar la compra de viviendas a no residentes en Baleares y Canarias. También PSOE y PP han rechazado una iniciativa de Sumar para prohibir durante tres años a los fondos de inversión o “buitre” la compraventa de viviendas, sobre todo en las ciudades más turísticas. En este caso Vox se ha abstenido, junto a Junts.
Respecto a la propuesta de Sumar, han sido los 26 votos en contra de estos grupos los que han provocado la caída de la iniciativa. Con la propuesta ideada por el diputado de Compromís integrado en el grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, también se buscaba prohibir “de forma expresa” la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de la Administración General del Estado, específicamente el correspondiente a la Sareb, Adif y el Ministerio de Defensa.
Para justificar su rechazo, la diputada del PSOE Isabel María Pérez ha dicho que estaba de acuerdo con la propuesta, pero con algunos “matices”.
De hecho, el Grupo Socialista ha llegado a presentar una enmienda al texto de Sumar, planteando una nueva propuesta que abogaba por desplegar la Ley de Vivienda en materia de vivienda pública y a incentivar la venta de inmuebles a personas residentes. Pero el grupo confederal ha decidido no aceptar la modificación socialista.
La portavoz socialista ha defendido en su intervención que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia de vivienda, por lo que no es el Gobierno el que tiene “la culpa de todo”. De hecho, ha defendido la labor del Ejecutivo en el área del parque público de vivienda, pero ha admitido que incrementarlo “requiere un tiempo”.
En este sentido, en Canarias, el Gobierno autonómico, de Coalición Canaria y el PP, ha presentado un decreto ley de medidas urgentes para paliar la emergencia habitacional en las Islas, pero ninguna de las acciones previstas está encaminada a prevenir que las nuevas construcciones acaben en manos de fondos o grandes tenedores, o que estas se destinen a alquiler vacacional, en lugar de a solventar el problema del acceso a la vivienda en Canarias, donde se combinan los sueldos más bajos del país con unos niveles de pobreza y exclusión social que superan el 33% de la población y donde la oferta de viviendas turísticas no deja de crecer.
Tampoco ninguna de las medidas contempladas menciona la limitación de la compra de viviendas a personas no residentes. Según datos de la estadística registral inmobilia de noviembre de 2013, casi el 30% de los compradores de viviendas en Canarias en el tercer trimestre del año fueron extranjeros.
Sobre la propuesta de Sumar sobre la Sareb, Pérez ha explicado que aunque el Estado mantiene en la empresa una participación del 50%, esta “no forma parte de la Administración General del Estado”, por lo que se puede ejecutar el plan de Sumar.