La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha reclamado este viernes a la organización ecologista Ben Magec-Ecologistas en Acción una caución (aval) de 31 millones de euros por los perjuicios del retraso de construcción de la obra del puerto de Granadilla durante 9 meses, así como alertó de que el bloqueo a este proyecto podría causar la pérdida de recursos de la Unión Europea por importe de 74,8 millones.
Así lo manifestó el letrado de la entidad portuaria durante la comparecencia celebrada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en Las Palmas de Gran Canaria, que resolverá en tres días si mantiene o lo la medida cautelar adoptada este jueves de suspender la decisión de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias aprobada el 2 de febrero de 2009 por la que se excluía del Catálogo de Especies Amenazadas a la población de sebadales (Cymodocea nodosa) en el ámbito sobre el que se prevé la construcción del puerto de Granadilla.
Tanto la Autoridad Portuaria como la letrada del Gobierno regional han reclamado el levantamiento de la medida cautelar dictada por la Sala al considerar que se ha cumplido “estrictamente con la legalidad vigente”, mientras que la organización ecologista insiste en la “amenaza” que supone la construcción de dicha infraestructura para los sebadales de Granadilla, “uno de los más importantes de Canarias”.
Así lo manifestó al término de la vista, el coordinador de Ben Magec, Luis Sánchez, que, respecto al aval solicitado por el Puerto, planteó que “el tribunal se tendrá que manifestar si eso se lleva para adelante o no”. “De todas maneras nosotros somos una organización social y yo creo que en caso de exigir aval tendría que hacerse a la administración pública responsable del mismo”, aseveró.
Indicó que hasta la próxima semana continuará suspendida la descatalogación de los sebadales de Granadilla hasta la determinación del tribunal, formado por los magistrados César García Otero, Cristina Páez e Inmaculada Rodríguez Falcón, que denegaron la prueba pericial y la testifical de perito solicitadas por el colectivo ecologista, si bien admitieron la prueba documental.
Sánchez resaltó el apoyo social y los informes científicos contra el proyecto para “poder demostrar la injusticia que se está haciendo medioambientalmente en Granadilla debido a que hay un ecosistema muy valioso que, si esto sigue para adelante, se lo van a cargar como muchos otros ecosistemas del archipiélago”. Igualmente, destacó, además del nivel de concentración de los sebadales en la zona, “la gran riqueza de diversas especies marinas”.
Niegan riesgo de desaparición
Desde la Autoridad Portuaria y el Gobierno regional se insistió en que sólo se ha descatalogado el 1,26% del total de la especie en Canarias, de manera que “en ningún caso los sebadales no estarían en riesgo de desaparición”, en tanto que hay unos 300 kilómetros cuadrados de sebadales en las islas.
La letrada de la Comunidad Autónoma Canaria aludió a informes del Centro de Investigación del Atlántico, del Observatorio Ambiental de Granadilla y la memoria técnica en el expediente que señalan que la población total de Cymodocea nodosa “no cumple con los parámetros establecidos en la orden del 13 de julio de 2005 para admitir que la especie está amenazada”. De hecho, “se concluye que se debe modificar la catalogación de la especie de tal modo que pase a estar categorizada simplemente como de interés especial, no porque exista riesgo de desaparición, sino por el interés que puede tener el hábitat”, añadió.
La abogada manifestó que los hábitats de los sebadales ya están protegidos en Canarias a través de “numerosos lugares de importancia comunitaria” (LIC) como en Güi Güi en Gran Canaria, y Antequera en Tenerife, que fueron “creados como medidas compensatorias para la protección de los sebadales”.
Asimismo, la abogada del Gobierno regional sostiene que respecto a la nulidad de pleno derecho de la medida cautelar “no concurren ni los defectos formales ni materiales, sino que la orden ha cumplido estrictamente con la legalidad vigente”. Así, incidió en que son “diversos los informes que consideran que la especie no está amenazada y no cumple los criterios para ser considerada de interés especial”.
Dijo que “la normativa podría permitir la descatalogación completa de la especie, si bien no se ha tomado dicha determinación por graves perjuicios de interés público y porque habría que valorar antes si los LIC que existen son suficientes para la protección de la especie”.
Pérdida de fondos europeos
Por su parte, la Autoridad Portuaria asumió todos los argumentos de la Comunidad Autónoma, al tiempo que resaltó los “graves perjuicios” del mantenimiento de la medida cautelar. De hecho, reclamó a Ben Magec una caución por importe de 31 millones de euros por las pérdidas de fondos europeos, la amortización de las obras ya ejecutadas y la penalización por incumplimiento del contrato del contratista.
Además, subrayó que entre los perjudicados está la regasificadora Gascan que podría perder 300 millones de euros de suspenderse la construcción del proyecto.
El Puerto criticó que la organización ecologista “da la impresión de que no se ha leído el expediente completo” del Puerto de Granadilla, así como insistió en que todos los documentos que avalaron mediambientalmente el proyecto tuvieron en cuenta la protección de la especie.
Explicó que la “voluntad de construir el Puerto de Granadilla es para fomentar el desarrollo social y económico” de las islas, así como recordó que “sólo se ha descatalogado un 1,26%” de los sebadales y “sólo el 0,25% es lo que se va a ver dañado por la construcción del dique”.
De hecho, el letrado de la entidad portuaria hizo hincapié en que la construcción del puerto, lejos de afectar a la especie, “lo más probable es que los sebadales puedan regenerarse y extenderse más aún de lo que está ahora”.
Reiteró que los redactores de los informes son “totalmente” favorables a la descatalogación de la especie por “razones socioeconómicas y basados en razones científicas y biológicas”, algo que se ha comunicado a la Fiscalía.
Recordó que el Puerto de Granadilla está previsto desde la Ley de Puertos de 1992 como infraestructura en Tenerife y, por tanto, no es un puerto nuevo, como indica la parte contraria denunciante. En este sentido, recordó que las Cortes Generales han calificado dicha instalación de interés general, y cuenta con el respaldo del Gobierno canario y del Estado porque “existen razones imperiosas de primer orden” para la construcción del proyecto. A juicio del abogado, el recurso de Ben Magec “no tiene apariencia de buen derecho, sino lo contrario”.
La pradera marina “quedará seriamente afectada”
Por su parte, el representante legal de la organización ecologista manifestó que la afección por la obra “no será exclusivamente en los sebadales descatalogados sino en un proporción mucho más amplia por tratarse de una pradera marina que quedará seriamente afectada”.
Aportó prueba documental y otro documento que obra en el expediente administrativo dentro del período de alegaciones por un profesor de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna.
Igualmente, el letrado entregó a la Sala copia completa de un informe del Consejo de Estado que dice que la Cymodocea nodosa está catalogada en el Convenio de Berna como “flora estrictamente protegida”. Por último, aportó otro artículo doctrinal de expertos que defienden que se trata de “una de las cien especies protegidas más importantes de Canarias”.