La portada de mañana
Acceder
Sánchez rearma la mayoría de Gobierno el día que Feijóo pide una moción de censura
Miguel esprinta para reabrir su inmobiliaria en Catarroja, Nacho cierra su panadería
Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

Puertos Canarios pide a Salvamento Marítimo que libere a Arguineguín y La Restinga de los rescates de migrantes

Efe

8 de marzo de 2024 12:29 h

0

El Gobierno canario ha pedido a Salvamento Marítimo y Cruz Roja que trasladen su operativa de rescate de inmigrantes a los puertos del Estado y liberen de presión a los muelles autonómicos, en particular a Arguineguín (Gran Canaria) y La Restinga (El Hierro), porque condiciona su actividad turística y pesquera.

El director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, ha confirmado que este organismo de la comunidad autónoma ha propuesto al Gobierno central un protocolo para que todos los servicios de rescate de inmigrantes en las islas tengan como bases de referencia preferentes los puertos del Estado, con instalaciones permanentes.

Moreno ha precisado que ello no significa que vayan a negar a Salvamento el atraque en cualquier muelle autonómico, porque de hecho están dispuestos a facilitarle su uso siempre que las condiciones de asistencia a una emergencia lo requieran.

Sin embargo, Puertos Canarios sostiene que sus muelles no ofrecen las condiciones necesarias para albergar unos servicios permanentes y “dignos” de atención a los inmigrantes que desembarcan de los barcos de Salvamento, sin depender de instalaciones provisionales levantadas en dársenas que fueron pensadas para usos deportivos, turísticos o pesqueros, como los suyos.

El sindicato mayoritario entre el personal de Salvamento Marítimo, CGT, ha opinado este martes que aceptar la solicitud de trasladar la operativa de rescate de los muelles de Arguineguín y La Restinga a otros puertos sería, “técnicamente, una catástrofe”. 

El representante de CGT en la sociedad estatal, Ismael Furió, ha explicado a EFE que la propuesta de Puertos Canarios para “liberar” de presión a los muelles autonómicos les parece “sorprendente” porque denota “un gran desconocimiento” por parte de los responsables políticos y de los propios ayuntamientos: “Las unidades de Salvamento Marítimo están localizadas donde más necesidad existe”.

Moreno cree que, dado que lo más previsible es que la llegada de pateras y cayucos continúe, lo correcto es que el Estado adecúe sus puertos con bases de atención a los inmigrantes que puedan utilizar Salvamento, la Cruz Roja y los servicios sanitarios. No solo porque en la actualidad puertos como Arguineguín (Gran Canaria), La Restinga (El Hierro) y Gran Tarajal (Fuerteventura) tienen parte de sus dársenas “secuestradas” por la operativa humanitaria, asegura, sino también por condiciones de asistencia.

“No nos gusta la imagen de esas personas a la intemperie con una manta cubriéndoles los hombros. Es hora de tener unas instalaciones dignas en los muelles”, argumenta el director de Puertos Canarios, que cree que el lugar apropiado lo ofrecen los puertos del Estado.

Moreno recuerda que, en Fuerteventura, parte de la operativa se ha trasladado ya de Gran Tarajal a Puerto del Rosario y pide que se haga lo mismo con Arguineguín y La Restinga en Gran Canaria y El Hierro, derivando las bases de Salvamento a Arinaga y La Estaca.

Puertos Canarios hace énfasis especial en estos dos muelles, Arguineguín y La Restinga, no solo porque son los que mayor número de operaciones de rescate registran, sino también porque tiene planes para remodelar sus instalaciones y quiere reactivarlos.

En el caso de Arguineguín, la alcaldesa de Mogán, el municipio donde se encuentra, Onalia Bueno, de CC, lleva años pidiendo que Salvamento Marítimo se mude a otro puerto y tiene abierto un pulso con el Estado sobre qué administración debe sufragar los entierros de los inmigrantes que llegan ya fallecidos al muelle. Ella sostiene que debe pagarlos el Estado y ha anunciado que su ayuntamiento no piensa sufragar ni uno más, aunque sí facilite espacio en su cementerios. La Delegación del Gobierno replica que la normativa sobre entierros de beneficencia descarga esa responsabilidad sobre los ayuntamientos.