El Gobierno de Canarias mantiene su pulso con el Estado por la acogida de los niños migrantes. Tras el fracaso de la reforma de la Ley de Extranjería, que pretendía establecer un reparto obligatorio de los menores que llegan a las islas entre todas las comunidades, el Ejecutivo regional ha aplicado nuevas medidas para evidenciar el colapso de los recursos del Archipiélago. La primera, instalar carpas en los puertos de llegada para alojar a los menores hasta encontrar una plaza en el sistema. La segunda, un polémico protocolo suspendido por la Justicia y que obligaba a los supervivientes a cumplir una serie de trámites policiales antes de entrar en la red de protección. Al margen de las negociaciones políticas, 5.600 jóvenes conviven en las islas sin que se garanticen todos sus derechos. “Tenemos mil y pico malienses que no han sido escuchados y no se ha activado el protocolo de protección”, reconoció el presidente canario, Fernando Clavijo (CC), tras reunirse el martes en Madrid con los ministros con competencias en migraciones.
El protocolo impuesto por el gobierno autonómico ralentizaría aún más la protección de los menores que llegan a las islas sin familia y en situación de “desamparo”, según las conclusiones de la Fiscalía Superior de Canarias tildadas de “ridículas” por el líder de Coalición Canaria. El Consejo de Ministros también ha dado ya los primeros pasos para recurrir ante el Constitucional este plan, por un posible “conflicto de competencias”, ya que los menores que llegan en pateras son responsabilidad de la comunidad autónoma y no de la Administración General del Estado.
Las relaciones entre el Gobierno central y el regional se han estancado en un fuego cruzado. “Lejos de recibir ayuda, complicidad o colaboración, parece ser que porque pedimos que el menor sea entregado con garantías legales el Gobierno de España se dedica a atacar a Canarias”, aseveró Clavijo.
En este punto, la reforma de la Ley de Extranjería sigue planteándose como la única respuesta al colapso de los recursos de las islas. Tras el encuentro de los dirigentes políticos en Madrid, las negociaciones han vuelto al mismo punto en el que se encontraban en julio, cuando las autonomías gobernadas por el PP rechazaron comprometerse a una acogida obligatoria. Después de su reunión con el presidente canario, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció que el partido de Alberto Núñez Feijóo había accedido a reunirse para desbloquear esta solución.
La noticia ha sido celebrada por Clavijo, quien en declaraciones a los medios deslizó que las medidas de su gobierno podrían haber sido un órgano para presionar al Estado: “Si todo este revuelo ha servido para poder sentarnos en una mesa, bienvenido sea. Estamos encantados de haber podido propiciar este encuentro que llevo pidiendo desde hace semanas”.
Entre el “revuelo”, el hacinamiento de los jóvenes tutelados por el Gobierno de Canarias en los centros lleva meses enquistado. “Los recursos deben estar en torno a 20 [niños], y en algunos tenemos más de 300”, ha reconocido el presidente del Gobierno de Canarias. El dispositivo de emergencia de Hoya Fría, en Tenerife, es uno de estos ejemplos, donde cientos de jóvenes conviven en este establecimiento utilizado antes para la cría de palomas.
Pese a las denuncias por malos tratos y por el mal estado del recinto, sigue funcionando. Preguntado por las medidas que su gobierno había adoptado para solucionar las lagunas de la acogida, Clavijo respondió en una rueda de prensa han “recogido testimonios” y los han puesto en manos de la Fiscalía para que los estudie. “Me consta que hay al menos cuatro o cinco diligencias abiertas en la Fiscalía”, apuntó.
Contra el criterio de la Fiscalía
El Gobierno de Clavijo ha desoído las indicaciones de la Fiscalía, que se ha opuesto tanto a la acogida de menores en carpas como al protocolo suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El Ejecutivo ha instalado ya un campamento en el muelle de Arrecife, Lanzarote, y otro en el puerto de La Estaca, en El Hierro. Allí se prevé que los jóvenes pasen días hasta que sean reubicados en los centros de acogida. La fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, aseveró que no permitiría que los menores no acompañados permanecieran en carpas como si se tratara de “hogares” para niños. Tras el anuncio de la Consejería de Bienestar Social, García apeló al sentido común. “El muelle de Arguineguín fue lo que fue y no se puede repetir”, dijo.
La comunidad autónoma tampoco tiene el visto bueno de la Justicia para aplicar su protocolo de atención a menores. “Quedarían desprovistos de atención inmediata y en situación de desamparo patente los menores migrantes no acompañados que hayan sido rescatados por el Estado en el mar o hayan sido interceptados a su llegada a la costa por la Guardia Civil o la Policía Nacional”, advirtió al Gobierno de Clavijo la fiscal superior de Canarias.
Entre los requisitos incluidos en el protocolo está la valoración de la situación de riesgo o desamparo en el que llegan los niños y adolescentes al Archipiélago. En este punto, la Fiscalía es rotunda: “Los menores extranjeros no acompañados están siempre en desamparo. No hay situación más clara de un menor en desamparo que la de los menores extranjeros no acompañados”.