La empresa pública Proexca, adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, se enfrenta a una querella criminal por acoso laboral. Una extrabajadora reclama a la mercantil 100.000 euros en concepto de daños morales y cinco años de cárcel para la directora del área de Recursos Humanos, a quien considera la responsable principal de las “humillaciones y el hostigamiento continuado” que asegura haber padecido durante más de una década.
M.C.O. fue despedida en abril de 2012 debido al plan de ajuste que presentó Proexca para cumplir las exigencias del Gobierno de Canarias, que impuso a sus empresas públicas la obligación de reducir un 15% sus gastos estructurales fijos. Aunque en su momento no denunció con el resto de sus compañeros despedidos, la extrabajadora sí acudió a los Juzgados de lo Social un año después para presentar una demanda por vulneración de derechos fundamentales.
El juicio laboral, que se tenía que haber celebrado el pasado 2 de julio, fue aplazado hasta el mes de septiembre al no poder personarse en la vista la perito forense y el testigo propuesto. Un día antes de esta suspensión, M.C.O. interpuso ante el Decanato la querella criminal, que ya ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, donde recayó.
Según el informe pericial-psicológico al que ha tenido acceso este periódico, la querellante padece un trastorno ansioso-depresivo que se vincula, “según su relato, sintomatología y pruebas diagnósticas, a conductas de hostigamiento interpersonal de forma continuada en el ámbito laboral”. El supuesto acoso tendría su germen en la negativa de la trabajadora, que ocupaba un puesto de administrativa, a realizar una traducción técnica ''para la que no se encontraba capacitada, a pesar de dominar el inglés y el francés“. Esta acción le acarreó una suspensión de empleo y sueldo durante un periodo de 45 días.
Tras su reincorporación, M.C.O. comenzó a percibir un trato discriminatorio por parte de su superiora que, siempre según su versión, fue acentuándose con el paso del tiempo. La exempleada refiere en su denuncia que la empresa pública la excluyó en un proceso de regularización que supuso una subida de sueldo (de oficial de segunda a oficial de primera administrativa) para trabajadores que tenían su misma categoría profesional.
Sostiene M.C.O. que no se la tuvo en cuenta a pesar de que la responsable del área de Recursos Humanos le había dado su palabra para ser incluida en este incremento salarial y de que “venía desempeñando desde hace tiempo funciones propias de un oficial de primera administrativo, incluida la contabilización de documentos, que es por lo que se propone la subida de categoría y sueldo”.
La querellante, que defiende “su buen hacer profesional en el sector durante muchos años”, asegura que, poco a poco, fue sometida a un “progresivo aislamiento”, a comentarios “vejatorios y humillantes” y a una paulatina pérdida de atribuciones y responsabilidades hacia tareas “cada vez más banales y repetitivas” y sin relación con el puesto que ocupaba. A pesar de que el año 2008 se produjo, a petición de la propia trabajadora, un cambio de departamento, de Recursos Humanos a Red Exterior, M.C.O. afirma que el supuesto acoso no cesó.
José Luis León, abogado de la querellante, considera que la petición de una indemnización de 100.000 euros por los daños morales infligidos a su clienta no es excesiva. El letrado, que se basa en el informe pericial-psicológico aportado a la causa y en la jurisprudencia de los tribunales en este ámbito, califica los hechos de “muy graves”.
La empresa niega que hubiera acoso
La dirección de la empresa pública Proexca se ha mostrado sorprendida por la querella criminal que ha presentado la extrabajadora. Su gerente, Ernesto Yanes, ha asegurado a este periódico que M.C.O. nunca elevó una queja sobre el supuesto trato discriminatorio que le habría dispensado la directora de Recursos Humanos y que, una vez analizada la comunicación interna de la compañía, sus asesores en materia laboral han concluido que el trato era cordial e, incluso, “cariñoso”.
Además, ha señalado que la acusación ha perdido al único testigo que iba a declarar a favor de la extrabajadora en el juicio, un antiguo jefe que también fue despedido en abril de 2012. “Nos ha llamado e incluso ha pedido perdón a la compañera que está denunciada”, comenta Yanes, quien afirma que “más de la mitad de la plantilla” se ha mostrado dispuesta a testificar para defender a la responsable de Recursos Humanos.
Aunque Yanes no era el gerente de la empresa en el momento de producirse los hechos denunciados, ha achacado la exclusión de la querellante de la subida generalizada de categoría y sueldo a “sus numerosas bajas médicas”, una circunstancia que la extrabajadora atribuye a la depresión que padecía como consecuencia del presunto mobbing al que era sometida.
Con respecto a la progresiva pérdida de atribuciones, el gerente de Proexca admite que su carga de trabajo en los últimos tiempos era escasa y que, por ello, decidieron prescindir de ella el pasado año. “La empresa estaba sobredimensionada”, asevera. Yanes dice que los cambios de departamento se fueron sucediendo de un modo natural, “por las propias circunstancias de la empresa” y que el distanciamiento con su jefa y con otros trabajadores “son cosas del día a día que nada tienen que ver con el acoso”.
El comienzo del juicio laboral está previsto para el 17 de septiembre.