La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canaria (CCOO) ha presentado recurso por la vía de lo contencioso administrativo contra la aplicación de la reducción de las retribuciones de los empleados públicos, “el decretazo”, en todos los ayuntamientos y cabildos de Canarias.
Para CCOO, “con este recorte se reduce la capacidad de compra de más de 100.000 personas del sector público canario, lo que provocará un descenso del consumo cuando la reactivación necesita estimular la demanda.
El sindicato entiende que esta reducción de las retribuciones “vulnera el derecho a la negociación colectiva, porque procede a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo mediante una reducción salarial unilateral, desposeyendo a los empleados de la mínima seguridad jurídica exigible respecto de la percepción del salario como retribución del trabajo”.
CCOO asegura que, “con esta reducción de las retribuciones, se apuesta por el deterioro de la calidad de los servicios públicos, abriendo la puerta a la externalización y privatización de servicios fundamentales para la ciudadanía, como la educación y la sanidad”.
El sindicato destaca en un comunicado que las medidas del Gobierno de Zapatero “insisten en la reducción de los gastos, incluidos los sociales, renunciando a intervenir por la vía de incrementar los ingresos, vía impuestos, como han hecho o han anunciado otros países, elevando la presión fiscal a las grandes empresas y rentas más altas que, pese a la crisis, mantienen elevados beneficios e ingresos, o actuando sobre el fraude fiscal y la economía sumergida”.
Asimismo, concluye que el decretazo supone “una quiebra de la legitimidad del diálogo social, pues reducir el salario de los empleados y empleadas públicos 'por decreto' es un manifiesto incumplimiento de los acuerdos suscritos el pasado septiembre entre Gobierno y sindicatos y cuestiona el derecho a la negociación colectiva recogido en el estatuto básico del empleado público”.