La Red en Defensa de los Servicios Sociales Públicos de Canarias (Redesscan) ha advertido este viernes de que el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2020 no garantizan, respetan ni protegen los derechos sociales de las personas que viven en el Archipiélago.
Redesscan exige en un comunicado que haya una financiación estable, suficiente y adecuadamente gestionada, que realmente redistribuya la riqueza y garantice derechos a todas las personas, donde en el centro esté la sostenibilidad de la vida y no el seguir favoreciendo a los más ricos.
Añade que en 10 años se ha producido en el archipiélago un descenso de la inversión en el modelo social de unos 352 euros por habitante; unos 43 millones menos para sanidad, educación y servicios sociales, lo que a su juicio contribuye al deterioro de las condiciones de vida de la población y a acrecentar desigualdades.
Añade que en los últimos cinco años de cada 100 euros que se aumentaron al presupuesto general, llegó medio euro para fortalecer el sistema público de servicios sociales, una “cifra ridícula” en un contexto de aumento del empobrecimiento de las mayorías por desposesión y la acumulación de la riqueza cada vez en menos personas.
Y para 2020, prosigue Redesscan, de cada 100 euros del presupuesto canario, 5,4 son para políticas de acción social, una cantidad “a todas luces insuficiente para criterios de hacer justicia y equitativa esta sociedad”.
Opina que la mitad de los programas de Servicios Sociales ha sufrido recortes y no se ha concretado para 2020 una ficha de financiación del catálogo de servicios que haga efectivo el cumplimiento de la Ley de servicios sociales, que tenía que estar en seis meses y aún no ha salido la propuesta.
Para la Prestación Canaria de Inserción con 40 millones en 2018 se llegó al 3,4% de la población en situación de pobreza y exclusión social y con el aumento a 89 millones para el próximo año sólo llegará en previsión al 7,5%.
“¿Cómo van a sobrevivir el 93% de personas sin acceso a ese derecho básico?, más de 600.000 personas condenadas presupuestariamente a la miseria”, critica Redesscan.
Afirma también que no se hace una apuesta por reforzar la contratación y la gestión directa de los programas ya que en 7 de los 13 existentes en la Consejería no existe partida presupuestaria para personal , lo que supone que la gestión sigue la tendencia de que se realicen a través de asociaciones, fundaciones, ongs o empresas “contribuyendo a desdibujar la responsabilidad pública y la obligación del cumplimiento de derechos por parte de la Administración”.
A su juicio, se invierte más en altos cargos y en seguridad que en personal para servicios fundamentales y en este primer año de nuevo Gobierno “se ha perdido una oportunidad para que esto sea posible, manteniendo la misma línea que gobiernos anteriores en esta situación”.
Los servicios sociales, además de requerir una mayor financiación, requieren que este pilar del Estado del Bienestar no se convierta en un mercadeo ni en negocio de los derechos y para ello hay que apostar por la gestión directa revirtiendo las políticas de externalización y privatización que afectan sobre todo a sectores más precarios por la desigualdades y opresiones como son la infancia, las personas en situación de dependencia y los colectivos en exclusión social, agrega.
Redesscan considera urgente reforzar la financiación de los servicios sociales con más ingresos a través de políticas fiscales progresivas que hagan que paguen más los que más tienen, además de combatir el fraude fiscal de las grandes empresas y denunciar la corrupción.