La modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias está produciendo un defecto de la visión política en el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro.
Los instrumentos para convertirlo en el principal instrumento para generar empleo han formado foco en un punto anterior a la retina ministerial hasta producir cortedad de alcances y de miras. Una visión, en palabras del consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, “conservadora, continuista y limitada”.
“En términos generales, el Ministerio plantea un REF continuista prorrogando el hasta ahora vigente e introduciendo solo ciertas mejoras técnicas en los actuales instrumentos y medidas”, ha asegurado Ortiz desde la tribuna de la Cámara regional. Unas reticencias que no son baladíes, toda vez que se producen justo en “los aspectos novedosos incluidos en la reforma”, y que tienen que ver con el principal objetivo del nuevo REF: “la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo”.
“Unos reparos iniciales que se centran en la reducción de las cotizaciones de las empresas canarias a la Seguridad Social y en las deducciones fiscales para aquellas que generen empleo o que destinen inversiones en el exterior con el fin de lograr su internacionalización”, ha alertado el consejero.
Altura de miras
Por tanto, en el Ministerio de Hacienda se están poniendo gafas con cristales opacos para no asumir el amplio consenso político alcanzado en la Cámara regional en julio de 2012 y que ha sido respaldado por los agentes sociales y económicos de las Islas.
Montoro, según lo asegurado por el consejero, no parece proclive a introducir un sistema de incentivos que responda a las “desventajas estructurales” de Canarias y medidas que causen “efectos reales” sobre el mercado de trabajo. Pese a estos resquemores, González Ortiz ha expresado su esperanza de que, frente a la miopía actual, exista “una mayor altura de miras”, toda vez que “el nuevo REF está diseñado para convertirse en un revulsivo del crecimiento y del empleo basado en un modelo que combina distintos objetivo en el tiempo”, pues estará en vigor hasta el año 2020.
Por ello, y tal y como aprobó el Parlamento por unanimidad hace un año, espera que el Gobierno central acepte “una reforma que debe ir más allá de la coyuntura actual, sentando las bases del modelo de crecimiento que queremos para Canarias a medio y largo plazo”.
Mala estrategia de “papel mojado”
Aunque tenue, un rayo de esperanza salió de la intervención de la portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro (ya es un síntoma de intentar rebajar tensiones que no subiera a la tribuna el virulento Miguel Cabrera Pérez-Camacho), cuando recordó que las negociaciones están en sus inicios y que hay voluntad en el Estado para llegar a acuerdos basados en lo pactado con los conservadores en las Islas hace un año.
Con todo, consideró que no es buena estrategia asegurar, como ha hecho el presidente Paulino Rivero, que “el REF es papel mojado” tras conocer la reciente sentencia del Tribunal Constitucional contraria al recurso de Canarias por incumplimiento de los artículos 95 y 96. Menos optimista se mostró el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, al considerar que tras la sentencia del TC y de las reticencias ministeriales el futuro del “fuero canario” se torna “sombrío”.
Sempiterna casilla de salida
Y también se mostraron pesimistas el presidente del Grupo Nacionalista (CC-PNC-CCN), José Miguel Ruano, y el socialista Manuel Marcos Pérez, que reivindicaron la necesidad de que el REF tenga un “anclaje constitucional” tanto en futuras reformas de la Carta Magna como del propio Estatuto de Autonomía. Ruano recordó que “cada vez que se cambia de interlocutor estatal, desde los tiempos de la Corona de Castilla, nos situamos en la casilla de salida”, pues siempre el Ministerio de Hacienda, con independencia del color político de quien gobierne en el Estado, se pone a la defensiva.
Quedan menos de siete meses para discernir si el Ministerio de Hacienda corrige su defecto óptico o si, por el contrario, Canarias tendrá durante los próximos seis años un REF 'maquillado' y 'retocado' para transitar sin pena ni gloria por una Unión Europea (UE) cada vez menos proclive a dar alas a especificidades fiscales y singularidades económicas.