El Tribunal Supremo (TS) ha anulado una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había reforzado la permanencia de la Refinería de Santa Cruz en su actual emplazamiento. La industria ocupa una parcela de más de 587.000 metros cuadrados y por ello el TS no duda en calificar las dimensiones del solar como “desmesuradas” y suponer “un obstáculo para el desarrollo” urbanístico de la ciudad. En el primer fallo judicial se consideraba que este suelo era urbano consolidado y que por lo tanto contaba con todos los servicios básicos de alcantarillado, aceras, alumbrado y grado de consolidación. Pero ahora el Supremo se pone del lado de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz y del Gobierno de Canarias y determina que se trata de suelo urbano no consolidado y por lo tanto de menor valor. Además, la industria está sujeta ahora a la cesión obligatoria del 10% del suelo al Ayuntamiento para dotaciones locales y sistemas generales, tales como espacios libres o aparcamientos, entre otros. Esta obligación implica que Cepsa tendrá que entregar a Santa Cruz alrededor de 58.000 metros cuadrados, una superficie que es algo inferior a la que, por ejemplo, ocupa el Parque García Sanabria.
Eso sí, el TS elude entrar a valorar los efectos que sobre el medio ambiente causa esta industria. Al respecto el tribunal rechaza discutir si la Refinería por su proximidad a la ciudad puede transformarse en el futuro hacia un uso industrial no contaminante o su posible traslado tal y como se preveía en la adaptación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz, que actualmente está siendo estudiado por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que ahora deberá reflejar el contenido de esta sentencia. “Para cambiar el uso previamente será necesario resolver el problema del cierre de la instalación, para luego desarrollar un plan especial y los nuevos viales previstos” en el PGO. “En tanto que esto no se produzca la instalación es una fábrica de hidrocarburos en activo, ubicada en una parcela con todos los servicios previstos para su funcionamiento”.
En el Plan General actualmente en vigor desde el año 1992 se mantiene como objetivo la futura evolución de la parcela de Cepsa hacia otras actividades “mas compatibles con su posicionamiento urbano”. En el nuevo PGO se delegaba a un Plan Especial Territorial el traslado de esta actividad. Así lo acordó la Cotmac en el año 2008 pero aunque se llevó a cabo la adjudicación de este documento jamás se ha llegado a conocer nada de su contenido e incluso en varias ocasiones se ha admitido desde el Cabildo que ni siquiera se ha iniciado su redacción. El TS considera que pese a la integración de la Refinería en la malla urbana, “constituye una realidad singular que se encuentra desligada del entramado del resto de la ciudad desde el punto de vista urbanístico. Y en este sentido es evidente que la dotación de urbanización perimetral no es apta para servir a las necesidades de suelo urbano consolidado”. En los sucesivos planes generales se ha reconocido la necesidad de crear un nuevo entramado viario público en el interior de la parcela que le una al resto de la ciudad. “En caso de que el suelo de la Refinería permanezca en su estado de urbanización actual lo configura como un obstáculo que, a modo de isla, aparece en la realidad como desligado de la misma ciudad, aunque esté inserta en la malla urbana de Santa Cruz”.
En caso de que el suelo hubiese seguido siendo considerado como urbano consolidado habría tenido un valor cercano a los 42 millones de euros y hubiese implicado un volumen de negocio futuro para la industria cercano a los 1.800 millones de euros, tal y como apuntó uno de los abogados defensores de Cepsa ante los tribunales. Cifras que ahora se reducen notablemente al cambiar el uso del suelo, obligarse a la industria a ceder un 10% del solar y además significar un varapalo a las pretenciones de la Refinería de blindar en los tribunales su continuidad en el actual emplazamiento.