Este martes ha comenzado la ronda de contactos para aprobar el reparto obligatorio de menores migrantes. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se han reunido con representantes del Grupo Mixto, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH-Bildu, Junts y Sumar. Los encuentros continuarán este miércoles con los dos partidos que hasta ahora han puesto más obstáculos a la reubicación de niños y adolescentes en otras comunidades autónomas: PP y Vox.
El texto fue sellado por Canarias y el Estado el pasado 11 de junio. No han trascendido detalles sobre el contenido del borrador, pero según ha podido saber este periódico, el acuerdo pasa por la reforma del artículo número 35 de la Ley de Extranjería. Esta modificación permitiría al Gobierno de España intervenir cuando las comunidades no ofrezcan su solidaridad para acoger a los jóvenes rescatados en la frontera sur, como ha sucedido hasta ahora.
Si este cambio sale adelante, podrían ser reubicados cerca de 2.500 jóvenes de los más de 5.600 que acoge en la actualidad Canarias. Además, se aplicará en momentos de llegadas excepcionales de menores de acuerdo a unos parámetros acordados previamente con las comunidades, que recibirán fondos para atender a los menores.
Podemos apoyará la propuesta de reformar la ley de Extranjería que proponen Canarias y el Estado. El diputado de Podemos Javier Sánchez ha subrayado que España tiene que acoger a los menores extranjeros “en las mejores garantías” y que debe cumplir los derechos humanos. “Se tienen que implicar todas las comunidades autónomas. No es solamente una cosa ni de Canarias, ni de Andalucía, ni de las comunidades del sur. Tiene que ser todo el país el que rinda cuentas de la crisis migratoria”, añadió.
Íñigo Errejón, diputado de Sumar, ha insistido en trasladar la responsabilidad al PP, después de que sus líderes hayan mostrado su rechazo al acuerdo en las comunidades en las que gobierna junto a Vox. Asimismo, considera que debe ofrecerse a las autonomías financiación suficiente para que puedan acoger a los jóvenes. En esta línea, Compromís ha acusado al presidente valenciano, Carlos Mazón (PP), de hacer demagogia con la inmigración.
El diputado de los comunes Gerardo Pisarello ha defendido que la acogida no es un favor que se esté haciendo a los migrantes, sino que hay “una gran necesidad de mano de obra”. “Cuando las personas están en un lugar, trabajan en un lugar, pagan impuestos en un lugar, viven en un lugar, deben ser consideradas de ese lugar”, apostilló.
La incógnita del PP
Torres y Clavijo se reunirán con el PP y Vox este miércoles. Sin embargo, la postura de la extrema derecha es de sobra conocida. Este mismo martes, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha vuelto a manifestar la negativa de su partido a la salida de los menores migrantes del Archipiélago. “Nosotros estamos en contra de ese reparto y pensamos que estas personas que llegan aquí ilegalmente deben ser devueltas a sus países de origen”, dijo Millán.
Mientras tanto, el Partido Popular se hace de rogar. El vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del partido en las islas, Manuel Domínguez, anunció este lunes que no formaría parte de las negociaciones. Según su formación política, ha dado un paso a un lado para que no se ponga el foco en un “tema político”. “Esto es un problema de Estado y, como tal, tenemos que solucionarlo”, afirmaron desde el PP.
Por su parte, la dirección nacional del PP ha adelantado en declaraciones a Efe que “no va a marcar” la postura de sus barones territoriales respecto al reparto de menores migrantes y apela a la “autonomía” de los gobiernos regionales que “deberán defender sus intereses”. El apoyo del PP al pacto del Estado y Canarias es clave, al ser el grupo mayoritario en las Cortes. La reforma de la Ley de Extranjería no saldrá adelante sin el partido que dirige Alberto Núñez Feijoó.