El exsecretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, optó el viernes por eludir cualquier tipo de responsabilidad sobre la presunta falsificación de planos del Parque Marítimo de Santa Cruz. El exsecretario fue llamado a declarar por la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz, Nuria Navarro, en calidad de imputado después de que el abogado Felipe Campos presentara hace ya algunos años una denuncia.
Según el letrado, durante su declaración Reyes “echó balones fuera y culpó de todo lo ocurrido” principalmente a la jefa de Planificación, Luisa del Toro, a Isabel Plata, responsable de la sección de Edificación del organismo autónomo, y al anterior gerente, Eduardo Risueño.
Campos apuntó que no comprende la actitud de Reyes de eludir sus responsabilidades cuando durante años ostentó el cargo de máxima responsabilidad en la Gerencia, hasta 2011, momento en el que fue destituido por el nuevo concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, quien, tras una denuncia presentada por el caso Las Teresitas, dio lugar a que Reyes quedara imputado.
Campos destacó que la importancia de la comparecencia llevada a cabo ayer radica en que, desde 1995, la inauguración del Parque Marítimo alrededor de ocho locales situados en este recinto se encuentran en situación de “ilegalidad”. De hecho, durante todo este tiempo, el Ayuntamiento hasta 2006 y a partir de aquí el nuevo concesionario Parque Marítimo Santa Cruz SL han venido cobrando 3.000 euros mensuales a cada uno de los concesionarios. En la actualidad sólo han sobrevivido dos negocios como son el restaurante de comida rápida, por un lado, y un túnel de lavado por otro, después de que en 2011 se cerrara la pista de pádel.
Ese año el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló el estudio en detalle del Parque Marítimo y partir de aquí se ha iniciado la causa penal que mantiene ya a Reyes como imputado. Sin embargo, según Campos, la primera declaración ha resultado bajo su punto de vista “indignante” en cuanto “el anterior secretario que se suponía que era el que debe garantizar la legalidad en materia urbanística en la ciudad ha rechazado tener ningún tipo de responsabilidad y alegar que desconocía totalmente lo ocurrido”.
Según Campos, “hasta en cinco ocasiones, Reyes defendió ante la juez que poco menos que era una pobre persona que pasaba por allí y que se limitaba a firmar lo que le ponían delante y que siempre se fío de lo que le decían los técnicos”. Según el abogado, en estos momentos lo lógico es que todas las personas a las que Reyes ha señalado como responsables tendrán que ser llamados a declarar o bien en calidad de testigo o de imputados. Entre ellos estarían Risueño, Del Toro y Plata que seguramente comenzarán a comparecer ante la juez en los próximos días.
En la sentencia del TSJC se demostraba que, según los planos, supuestamente falsificados, los actuales negocios se sitúan “en un lugar completamente distinto al aprobado”, se prevé una reserva de suelo no contemplada en los planes superiores e introduce una distribución de las 500 plazas de aparcamiento que nada tiene que ver con la dispuesta en el Plan Especial.