Víctor Reyes, ex secretario de la Gerencia de Urbanismo y actual responsable del área de Obras, no llegó a aclarar por qué elaboró un informe a través del cual permitía al anterior gestor del Parque Marítimo, Luis Gil, la celebración de fiestas. Y todo ello pese a que estas actividades estaban prohibidas por el Plan Especial, tal y como recogió otra funcionaria que tras plasmarlo así en su informe asegura haber recibido presiones para que se retractara.
Durante la ronda de comparecencias que ha tenido estos días con motivo del caso Parque Marítimo, el martes le tocó declarar a Reyes, imputado también en malversación de fondos públicos y tráfico de influencia. En esta misma situación procesal se encuentran Pedro Doblado, secretario de Parque Marítimo SA responsable del recinto, que declaró el lunes, y el ex gerente de Urbanismo, Eduardo Risueño, que lo hará el jueves.
Al contrario de lo ocurrido con Doblado, lo cierto es que Reyes no tuvo ningún problema en responder a las preguntas de la juez, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular, formada por el abogado Felipe Campos. Pero eso sí, según el letrado, “lo único que dijo es que no sabía nada, que no era responsable de nada o que no se acordaba de nada”.
“Auténtico responsable de esa chapuza”
El abogado, sobre todo, incidió en la elaboración del contrainforme que permitía la celebración de fiestas en el recinto, pese a que otro anterior se mostraba en dirección contraria.
Campos considera que Reyes “es el auténtico responsable de esa chapuza que es el dictamen elaborado por su propia mano, ya que lo considera el máximo responsable jurídico del Ayuntamiento”. Por ello, Campos considera que no es posible que se refugie en que “no sabía o no ser acuerda o no tiene nada que ver en lo ocurrido”.
En cuanto a Risueño, su imputación deriva también de las supuestas presiones que ejerció sobre una funcionaria para que emitiera informes que avalaran la celebración de estas fiestas, a lo que la empleada pública se negó. Poco después la trabajadora fue relevada de su cargo en la Gerencia de Urbanismo.
Campos indica que no sería descabellado que en las próximas fechas se citen a nuevos imputados como podrían ser mandos de la Policía Local o al empresario del ocio nocturno Carlos Quintero, al que se le interceptaron llamadas telefónicas en las que supuestamente se demostraría connivencia y complicidad con cargos políticos, tanto en el Ayuntamiento como en el Parlamento canario.