La cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, Victoria Rosell, ha pedido “mayor transparencia” para configurar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo (TS), ya que consideró que con la responsabilidad del pago del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) en las hipotecas, “quedó patente” la permeabilidad del TS ante “presiones” políticas y económicas.
Así lo ha manifestado Rosell durante un debate organizado por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y la Brigada Tuitera en el Colegio de Abogados de Madrid en el que también participaron portavoces de Justicia de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, con el fin de debatir sobre el estado actual de la justicia en España y exponer sus propuestas políticas en este ámbito.
Asimismo, consideró que el CGPJ “no puede ser el brazo ejecutor del Ministerio”, matizando que “no” han funcionado ni la elección corporativa ni la parlamentaria, de ahí que abogó porque el CGPJ sea elegido por la ciudadanía, si bien mientras se llega a esta forma de elección solicitó “mayor transparencia con posibilidad de presentar candidaturas de juristas avaladas por la ciudadanía y con un programa de actuación”, según informó Podemos en nota de prensa.
Rosell, magistrada en excedencia, ha hecho hincapié en la necesidad de modificar el sistema de acceso a la carrera judicial, ya que consideró que hay que “superar el sistema de oposición memorística y de preparación privada, que perpetúa el sesgo económico y de formación del Poder Judicial”.
Contra esto propone un sistema de formación pública universitaria de posgrado y preparación del acceso a la Escuela Judicial integrada en centros públicos de estudios jurídicos con el fin de que el poder judicial “se parezca más a la sociedad y sea funcional a sus fines constitucionales”.
Por otro lado, se refirió a la derogación del artículo 324 Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece plazos máximos para la investigación judicial “sin más medios”, lo que a su entender conlleva la “impunidad de casos de corrupción como el del ex presidente de Murcia. Esto sucede cuando se legisla desde el banquillo”.
En este sentido, abogó porque en los casos de corrupción se blinde a la policía judicial para investigar “sin interferencias” de los gobiernos.
Por último, defendió la justicia como servicio público a través, dijo, de dignificar el turno de oficio, suprimir las tasas judiciales disuasorias y un “buen trato” con medios como la Sala Gesell para menores, unidades de valoración integral de violencia de género y las oficinas de víctimas.
Además se refirió a la igualdad y la corresponsabilidad en el ámbito de la justicia.