“Ante el juego sucio, la nueva política exige no esconderse, dar la cara y decir la verdad”. La magistrada en excedencia Victoria Rosell, candidata de Podemos al Congreso de los Diputados por Las Palmas, ha acusado al ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno español y cabeza de lista del PP por la misma provincia, José Manuel Soria, de utilizar una institución del Estado, en este caso la Fiscalía Provincial de Las Palmas, para intentar que se “impute en falso” a una adversaria en plena campaña electoral. “La Fiscalía tiene demasiadas conexiones políticas”, ha denunciado.
Rosell respondía así a la información publicada este jueves en varios medios de comunicación sobre la investigación prejudicial que ha abierto el Ministerio Público contra la candidata de Podemos por la presunta comisión de una falta disciplinaria en el ejercicio de su actividad como juez.
La fiscal Evangelina Ríos, que mantiene una “pública y notoria” relación de enemistad con la magistrada en excedencia, pretende vincular el contrato suscrito el pasado 28 de octubre entre la Unión Deportiva Las Palmas, club presidido por Miguel Ángel Ramírez, y Clan de Medios, empresa administrada por Carlos Sosa, pareja de Rosell, con la causa abierta por la magistrada en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria contra Ramírez por un presunto delito fiscal en una de sus sociedades, Seguridad Integral Canaria. El Ministerio Público entiende que Rosell debió abstenerse en el proceso por esta circunstancia.
“Los tiempos no cuadran”, ha manifestado la candidata de la formación morada en una rueda de prensa celebrada este jueves en la capital grancanaria. Según explicó a los periodistas, Rosell pidió la excedencia el 15 de octubre, aunque cuatro días antes ya había anunciado su fichaje por el partido de Pablo Iglesias. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sólo se reúne los jueves, se la concedió el día 22. El contrato de prestación de servicios y explotación publicitaria entre Clan de Medios y la UD Las Palmas se rubricó el 28 de octubre, seis días después de que la magistrada abandonara el juzgado. Sin embargo, en el sobre entregado a la Fiscalía por un supuesto anónimo figuraba un borrador de contrato con fecha 26, cuando la UD Las Palmas no había registrado ni siquiera la sociedad que explotará la frecuencia de Clan de Medios. .
Y es este detalle el que, precisamente, delata a Soria, según la magistrada en excedencia, que sostiene que desde la emisora oficial de la UD Las Palmas han reconocido que enviaron una copia del borrador del contrato al ministro, que se interesó por la operación dada la manifiesta hostilidad hacia el digital Canarias Ahora, propiedad de Clan de Medios. “Es la misma copia que tienen la Fiscalía y el diario El Mundo”, ha asegurado Rosell, que considera “absurdo” pensar que pudo beneficiar al empresario en la instrucción cuando el hecho con el que se pretende vincular, la firma del contrato, se produce con posterioridad. “No sólo no tenía ni idea de las negociaciones, es que los contactos se producen a partir del día 15, cuando ya he pedido la excedencia”, ha dicho.
Para Rosell, son “relevantes” los nombres de los fiscales que aparecen en esta investigación preprocesal. La candidata de Podemos ha recordado que el supuesto anónimo llega a manos del fiscal jefe, Guillermo García Panasco, que es quien ordena la apertura de diligencias a Evangelina Ríos. “Desde que imputé a su mujer (Lourdes Quesada, exsecretaria general del Servicio Canario de Salud) en el caso Lifeblood (una polémica adjudicación en el servicio de hemodiálisis de la Consejería de Sanidad), intentamos no cruzarnos mucho por el bien de los ciudadanos”, ha afirmado Rosell, que añadió que se reunió con él este miércoles y que tan sólo le reconoció que no existía ninguna diligencia penal abierta contra la magistrada y que se la investigaba por una supuesta falta administrativa, aunque le negó las copias que le solicitó alegando que se trataba de una causa reservada.
El enfrentamiento con Ríos es consecuencia de la queja que la fiscal interpuso ante el CGPJ por el supuesto retraso injustificado en la causa en la que investigaba a Miguel Ángel Ramírez. La resolución del promotor de la acción disciplinaria, que Rosell aportó a los periodistas, descarta la existencia “de un retraso relevante a efectos disciplinarios imputable a la magistrada”. La representante del Ministerio Público pidió interrogar a 193 testigos para intentar imponer una falta disciplinaria a la magistrada, un hecho “inaudito” según Rosell, máxime cuando la fiscal no había oído a ninguno de ellos en la fase de instrucción.
Un error “nada inocuo”
La candidata de Podemos también advirtió de que el artículo publicado por el diario de El Mundo utiliza “adrede y de modo nada inocuo” la expresión retardo malicioso, un ilícito penal, en lugar de retraso injustificado, una falta administrativa. Rosell recordó que el periodista que firma la información en El Mundo, Fernando Lázaro, es el mismo que en 2011 publicó una queja de Soria contra la magistrada, a quien acusaba de haber redactado la querella que Carlos Sosa interpuso contra el ahora ministro por el denominado caso Salmón. El CGPJ archivó esta queja.
Para Rosell, es “insostenible” pensar que benefició al empresario en la instrucción de la causa. En este sentido, recordó que admitió la querella presentada por la fiscala por un supuesto delito contra la Hacienda Pública “dos días antes” de que prescribiera, “a toda prisa”, y que ya entonces apreció otros dos, uno contra la Seguridad Social y otro contra los derechos de los trabajadores. “He oído que no se siente muy bien tratado por mí”, ha manifestado.
La juez, que ha estado arropada en la rueda de prensa por destacados dirigentes de Podemos en Canarias, entre ellos su secretaria general, Meri Pita, y que ha recibido el apoyo de Pablo Iglesias y de Iñigo Errejón, ha asegurado que la investigación de la Fiscalía no tiene ningún viso de prosperar:“El caso ni siquiera está judicializado, no tengo ninguna garantía, ni partes, ni copias...” Rosell ha insistido en que, “ni en el mejor de los sueños de algunos contrincantes” se trataría de una causa penal.
Con respecto a las acciones judiciales con las que la amenaza Soria, la candidata de Podemos se mostró convencida de que, “si algún letrado se presta a ello, los jueces de cualquier instancia sabrán examinar que no hay ningún peso jurídico” en las acusaciones. “Todos sabemos que ser inflexibles contra la corrupción se paga caro, pero los malos están en otro sitio, no he cometido ningún ilícito penal ni administrativo”, ha concluido Rosell, que ve en la apertura de diligencias prejudiciales un ataque a “la línea de flotación de la persona que representa la lucha contra la corrupción” en Podemos.
La candidata de la formación morada ha anunciado además que Soria se ha borrado de un debate programado para el próximo miércoles en la capital grancanaria con los candidatos al Congreso de los principales partidos en la provincia de Las Palmas y que, en su lugar, acudirá María del Carmen Hernández Bento, que concurre al Senado.