La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido el presupuesto y la plantilla del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2014 por haber omitido en su aprobación definitiva cualquier referencia a la paralización en los tribunales del cambio de vínculo jurídico -de laboral indefinido a funcionario interino- contemplado para 639 empleados municipales en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
El TSJC vuelve a dar así la razón a los sindicatos CSIF, IC y UGT, que habían solicitado la ejecución de los autos dictados por la misma sala los días 23 de diciembre de 2013 y 2 de enero de 2014, unos pronunciamientos judiciales que anularon de forma cautelar la medida más controvertida de la RPT aprobada en diciembre. Los trabajadores afectados han sostenido desde el principio que la modificación es ilegal y que causará más precariedad y pérdidas de empleo por la posible amortización de plazas tras la entrada en vigor de la reforma local.
El auto conocido este martes y fechado el pasado 7 de marzo insiste en que la RPT “no puede entrar en vigor para los más de 600 funcionarios afectados, que deben continuar con las mismas condiciones (funciones y salario) que tenían en su relación anterior a la aprobación” de este documento. El tribunal rechaza de esta manera la resolución dictada por el director general de Recursos Humanos de la corporación, José María Cabrera, el 26 de diciembre, cinco días después del primer auto judicial que suspendía la conversión del vínculo y uno antes de que se aprobara en el pleno municipal, con los únicos votos favorables del PP, unos presupuestos y una plantilla sobre los que ya planeaban sombras jurídicas.
La Sala insta al alcalde capitalino, Juan José Cardona, a cumplir con los dos autos anteriores y anular la RPT en aquellos puestos afectados por la conversión del vínculo laboral. Para ello da un plazo máximo de quince días al regidor, que deberá designar a una persona para que se encargue de esta tarea y también de presentar una RPT con identificación de los plazas.
En su escrito de alegaciones, el Ayuntamiento defendía que ni la relación de plazas, ni el presupuesto ni la plantilla son documentos “cuya aprobación establezca consecuencias directas a empleados municipales identificados individualmente”. La respuesta del TSJC es tajante: “No podemos hacer una ficción de lo que es una realidad que repercute inmediatamente sobre las personas y su esfera de trabajo (...) La RPT, la plantilla y el presupuesto tienen efectos inmediatos y directos sobre las personas que ocupan esos puestos”.
Por otra parte, en un segundo auto emitido también el 7 de enero, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJC desestima el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra los anteriores pronunciamientos. El consistorio capitalino consideraba que las resoluciones vulneraban su derecho de defensa al atribuirle “unos efectos sobre el cambio de vínculo que no tiene” y recordaba que los actos habían sido aprobados por los órganos competentes (Junta de Gobierno y director de Recursos Humanos“. A este respecto, la Sala remarca que la cuestión principal es ”si es posible aprobar una RPT que prevé como necesario cubrir más de 600 plazas de funcionarios interinos colocando directamente en esos puestos a las mismas personas que tenía como personal laboral indefinido realizando las mismas funciones“.
Desacato judicial
Para la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Isabel Mena, el auto del TSJC demuestra que la aprobación de la plantilla y el presupuesto cuando ya existía una sentencia que anulaba el cambio de vínculo “fue todo un desacato judicial” del PP en el pleno celebrado en diciembre.
La edil socialista advierte en un comunicado que ahora habrá que rehacer el presupuesto de todo el año y elaborar una nueva plantilla. “Las decisiones disparatadas del PP en materia laboral cuestan dinero público y generan problemas serios en la gestión municipal”, sentencia Mena, quien afirma que el PP pretendía ahorrarse con la puesta en marcha de la RPT más de 2,5 millones de euros en las nóminas del personal.