El presidente del consejo rector de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín, se ha desentendido de las recomendaciones jurídicas de la secretaria de ese órgano y ha mantenido al proveedor de la señal de los dos medios de titularidad pública mediante una fórmula de emergencia reservada para casos excepcionales: la convalidación de facturas. En un comunicado emitido este martes por la mañana y en una carta de rectificación a mediodía, Negrín pasa de hablar de “un procedimiento reglado bajo la figura del negociado” a negarlo todo sin explicar cuál ha sido ese “procedimiento reglado” que el ente público ha adoptado para continuar manteniendo a Cellnex como proveedor pese a que la última prórroga de su contrato expiró el pasado 31 de diciembre.
La secretaria del consejo rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Cristina Duce, puso de manifiesto su posición jurídica en la última sesión de este órgano, celebrada el pasado 13 de diciembre. Santiago Negrín pretendía una nueva prórroga del contrato con el proveedor de señal para la radio y la televisión a pesar de que ya se había concedido otra en julio de 2017. La secretaria informó al consejo que, en el caso de autorizarse esa prórroga, primero habría que recabar la conformidad del contratista, y a continuación, dada la cuantía de la operación (más de dos millones de euros), “será preceptiva la fiscalización previa de la prórroga por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, así como la remisión al Consejo de Gobierno para su aprobación”. De esta manera, la secretaria del consejo, letrada de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, informaba a los tres consejeros presentes (Santiago Negrín, María Lorenzo y Alberto Padrón) de la competencia del Gobierno de Canarias en la fiscalización de RTVC y más concretamente en operaciones de ese calado.
Para el caso de que la prórroga no prosperara, como así ocurrió al no participar en la votación la consejera María Lorenzo, la letrada fue también bastante clara en sus recomendaciones: “De continuar prestándose el servicio por parte de la adjudicataria sin amparo legal o contractual, se estaría ante una nulidad del contrato, situación no deseada en Derecho”, dijo Cristina Duce.
¿Y cómo puede producirse una cobertura legal a una situación así? La respuesta la ofreció la letrada en la misma sesión: “La ley no lo autoriza; otra cosa es que, de facto, haya ocasiones en que así ocurre, cuando se está ante el interés general o [la prestación] de un servicio público, lo que en todo caso constituiría una nulidad de contrato (…) y no creo que la nulidad de contrato sea la solución más deseable”.
Se refería la secretaria del consejo rector a la modalidad de urgencia que en ocasiones se adoptan en servicios sensibles y esenciales como la sanidad, al precisarse de un proveedor oficial un incremento de material o medicamentos por emergencias sobrevenidas. Una modalidad que no se puede extender en el tiempo y que necesita de la convalidación de cada factura que se gire por parte de los órganos fiscalizadores, además de informes del Consejo Consultivo de Canarias.
Santiago Negrín manifestó este martes mediante una carta de rectificación que “es falso que se haya recurrido a una fórmula de emergencia mediante la convalidación de facturas por parte de la Consejería de Hacienda: las facturas las paga RTVC con su presupuesto de 2018”. Y eso lo hará el ente público mediante “un procedimiento reglado” del que no se aporta ni un solo detalle en ese escrito oficial firmado por el presidente del ente público. En un comunicado recibido por algunos medios, RTVC afirmaba horas antes de esa rectificación que se había “desarrollado un procedimiento reglado bajo la figura del negociado para el mantenimiento de la señal cuyos pagos realiza el ente”. Esa referencia a un procedimiento “negociado” desaparece por completo en la carta de rectificación emitida posteriormente.
Niega Negrín en esa carta que tales facturas tengan que ser convalidadas por el Gobierno de Canarias, sin contraponer a tal desmentido el método interno que se aplicaría ante una situación tan extraordinaria que para todos los órganos oficiales requiere una fiscalización especial, incluso su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
En su desmentido, el presidente de RTVC llega a afirmar que “está en marcha un procedimiento reglado que cuenta con todos los informes” para la adopción del “procedimiento reglado” del que se vuelve a negar a informar, a pesar de la insistencia de este periódico vía WhatsApps. Fuentes internas de RTVC reafirmaron este martes que de existir tal expediente debe estarse tramitando “fuera de la casa” porque allí nadie lo conoce.
El mentís de Negrín llega al absurdo de considerar falsa la afirmación de que pese a expirar el contrato de suministro de señal el pasado julio, aún no se haya convocado concurso. “La afirmación es falsa porque está en marcha el procedimiento reglado que cuenta con todos los informes necesarios”. Sin embargo, tal procedimiento (reglado, por supuesto), que no ha pasado de las gestiones puramente internas, no se ha plasmado siete meses después en una convocatoria formal en los boletines oficiales. Lo que significa que la situación de emergencia a la que está haciendo frente RTVC para mantener la señal de la radio y de la televisión públicas podría extenderse medio año más como mínimo.