El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, tachó este miércoles de “incongruente” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula el concurso regional de adjudicación de los canales de la Televisión Digital Terrestre.
Ruano compareció en el pleno del Parlamento a instancias del grupo Socialista, cuyo portavoz, Santiago Pérez, subrayó que la sentencia deja claro que el Gobierno de Canarias “hizo trampa” en un concurso en el que, añadió, las empresas adjudicatarias fueron las que tienen “conexiones indiscutibles” con miembros del Ejecutivo.
El consejero contestó que el único interés del Gobierno era la “garantía de servicio público” y por tanto adjudicar las frecuencias de la TDT para que cuando llegara el apagón analógico las emisiones estuvieran en el aire.
Recordó que el Gobierno de Canarias ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJC, al igual que hizo con otra similar en la que se anuló el concurso de la TDT en Tenerife, y por tanto el pronunciamiento aún no es firme.
Lo que básicamente pone en cuestión el TSJC es que el Gobierno recurriera a una empresa externa para evaluar las ofertas presentadas, y eso es una práctica habitual que han hecho otras comunidades como Baleares, Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana, dijo Ruano.
Para el consejero, es una “incongruencia” que el TSJC base su sentencia en algo que además no había alegado ninguna de las empresas que recurrieron el concurso, y en eso basa su recurso el Gobierno ante el Tribunal Supremo.
“No es de recibo admitir que la externalización” de la evaluación de las ofertas suponga que las empresas especialistas contratadas por el Gobierno no puedan realizar objetivamente su trabajo, afirmó Ruano.
Santiago Pérez insistió en la importancia de que la asignación de licencias en un concurso público se realice “respetando las reglas del juego”, basadas en la objetividad y la libre concurrencia, algo que según la sentencia no se ha hecho, subrayó.
Detalló que la mesa de contratación del concurso “hizo dejación de sus funciones”, al dejar que la Viceconsejería de Comunicación del Gobierno de Canarias encargara un informe de evaluación externo en el que además se introdujeron factores de valoración que no estaban en el pliego de condiciones.
Al final, las licencias se adjudicaron a empresas con conexiones indiscutibles con miembros del Gobierno, dijo Santiago Pérez, para quien el informe externo no se hizo para evaluar a los aspirantes, sino para “avalar” los deseos del Gobierno, que tenía “manifiesta intención de asignar las licencias a unos y excluir a otros”.
Pese a que ya ha habido dos sentencias contrarias, prosiguió Pérez, el Gobierno de Canarias decide recurrir y seguir adelante porque sabe que el tiempo transcurre en contra de las empresas recurrentes y a favor del Ejecutivo, que tiene tiempo y dinero público “para ir aflojando las piernas” a los medios que pretendan establecer una línea informativa independiente.
Santiago Pérez denunció que el Gobierno, premeditadamente, “sigue adelante sabiendo que es altamente probable que esta adjudicación de licencias acabe con indemnizaciones con dinero público no sólo para las empresas perjudicadas por este procedimiento, sino también para las que fueron adjudicatarias del concurso”.
María del Mar Arévalo, diputada del PP, acusó al portavoz del PSOE de “intentar emponzoñar la política en Canarias” con sus acusaciones y de “vulnerar la presunción de inocencia”, puesto que la sentencia del TSJC no es firme al estar pendiente el recurso ante el Tribunal Supremo.
El portavoz de CC, José Miguel Barragán, también insistió en que la sentencia del TSJC no es firme y señaló que su grupo va a esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo, al tiempo que señaló que el Gobierno defiende los intereses generales de la comunidad autónoma frente a los legítimos intereses privados de los recurrentes.