El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, destacó este miércoles que lo que ha generado la sentencia anulando la venta de Emalsa es “la declaración de Pleno ratificándose en lo hecho y provocando a los tribunales”, en referencia al acuerdo plenario de 2001 que ratificaba el acuerdo de 1993 sobre la venta de acciones de Emalsa a Unelco y Saur a pesar de haber sido anulada ya por el Tribunal Supremo.
De esta manera, descartaba que la culpa fuera del gobierno socialista presidido por Emilio Mayoral, que dio la venta del 66% de las acciones de Emalsa a Unelco-Saur en 1993 con el único voto en contra de la entonces concejal del PP, Pepa Luzardo.
Para Saavedra, fue el acuerdo de 2001, cuando gobernaba el PP con José Manuel Soria al frente, el que ha provocado que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) notificara en el día de este mertes al Ayuntamiento la anulación del mismo.
Saavedra recordó que la sentencia del Supremo ya anulaba el acuerdo de 1993 por no contar con el informe del interventor, pero el Ayuntamiento, “en lugar de volver atrás, optó por darlo por superado incluyendo el informe del interventor”.
Para el concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento capitalino, Néstor Hernández, lo que se hizo en 2001 fue “pasar de lo que dicen los tribunales”. Para Hernández, el que se equivoca en la venta tiene su responsabilidad, pero “si los tribunales te exigen que rectifiques y no lo haces, eso tiene otro nombre que yo no voy a dar”.
Como consecuencia, la indemnización de la empresa que en su día recurrió la venta, Aquagest, podría ser millonaria, ya que podría pedir los daños económicos sufridos desde 1994 hasta hoy.
Para el alcalde, la sentencia del TSJC “está bien fundamentada jurídicamente”, pero no quiso adelantar si el Ayuntamiento la recurrirá o no, ya que está en manos de los servicios jurídicos de la administración municipal. De todos modos, recordó que cuando vio el acuerdo plenario de 2001, en el que los socialistas votaron a favor, “dije 'buf'”.