El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha salido al paso de la denuncia presentada ante la Fiscalía de Arrecife por Fernando Jiménez, “presuntamente en nombre de la asociación Aculanza”. Advierte de que se trata de “una denuncia falsa y por tanto pudiera ser constitutiva de un delito”.
San Ginés ha explicado que “los consumidores, que somos toda la población de la Isla, merecen todo mi respeto y consideración y es comprensible su frustración por la situación de Inalsa por la que vuelvo a reiterar mis disculpas como máximo responsable de la primera Corporación Insular”.
Sin embargo, para San Ginés la denuncia presentada en nombre de Aculanza “sólo debe obedecer a un posible afán de protagonismo del firmante de la denuncia, o bien a la propia ignorancia de la que dice quererme aprovechar. Por ello, recomiendo a Fernando Jiménez que se informe antes de presentar una falsa denuncia cuyo contenido no me preocupa en absoluto y sí la confusión que está creando entre los ciudadanos”.
El presidente del Cabildo de Lanzarote ha explicado que la denuncia es “falsa” por cuanto “la conversión de tarifas en tasas no es un capricho arbitrario del presidente del Cabildo de Lanzarote y de los alcaldes de la Isla que somos quienes conformamos el Consorcio Insular sino, muy al contrario, obedece al acatamiento de una sentencia judicial, además de abundante jurisprudencia en todo el territorio español, que ha obligado a convertir en tasas tarifas similares a las de Inalsa. Por lo tanto, no tiene sentido alguno aplicar los procedimientos expuestos por Aculanza referidos a las tarifas porque la Justicia ?y no el Cabildo de Lanzarote ni el Consorcio Insular de Aguas- ya sentenció que se trata de una tasa por lo que no tiene ningún sentido aplicar los procedimientos establecidos para las tarifas como se demanda en la referida denuncia”.
Respecto al precio del agua, sin entrar a valorar los calificativos del firmante de la denuncia, Pedro San Ginés ha manifestado que “el precio del agua se ha actualizado al que dicta la Ley”. Por último, el Cabildo de Lanzarote procederá a dirigirse a Aculanza para conocer si la denuncia presentada ante la Fiscalía obedece a un mandato a Fernando Jiménez de los órganos correspondientes de la mencionada asociación, “o es una decisión personal del firmante de la falsa denuncia dado que la Corporación se reservará el derecho de emprender acciones judiciales contra el ordenante de la misma”.