El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, reiteró en el pleno extraordinario celebrado este sábado a instancia de varios grupos de la oposición los argumentos que ha sostenido sobre la incautación de la desaladora de Montaña Roja en septiembre del año pasado. El principal es que actuó “asesorado” y que el secretario de la Corporación insular, Francisco Perdomo, le indicó que “no hacía falta autorización judicial ni informes por escrito” para proceder a la incautación como medida cautelar.
San Ginés expuso en el pleno fragmentos de la declaración de Perdomo en calidad de imputado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife para justificar que “existió asesoramiento verbal” antes de la incautación.
También destacó que el “criterio” de que no era precisa autorización judicial para incautar la desaladora, la depuradora y las redes de abastecimiento de la urbanización lo “sostuvo también la Fiscalía” cuando pidió el archivo de la querella de la empresa Club Lanzarote, que reabrió la Audiencia Provincial.
El presidente admitió la existencia de una “enorme controversia jurídica” acerca de la incautación de la desaladora de Montaña Roja pero consideró que no se había producido “prevaricación”. Durante el pleno también dijo que no había adoptado “ninguna determinación política” tras reabrirse el caso por la vía penal porque “sencillamente” era “inocente”.
Sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obligó al Consejo Insular de Aguas a devolver la planta desaladora a Club Lanzarote, el presidente dijo que no creía que el secretario del Cabildo se hubiera “equivocado” y adelantó que se habían encargado informes a dos catedráticos que vendrían a avalar la medida adoptada.
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