No ha habido sorpresa. La empresa pública Grecasa, dependiente de la Consejería de Hacienda, ha adjudicado el concurso para el mantenimiento, adaptación y evolución del sistema informático de recaudación en vía ejecutiva de los impuestos propios y cedidos de la Agencia Tributaria Canaria (ATC) a la multinacional española Indra, participada en un 20% por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Esta empresa se hace así con un nuevo contrato de hasta 13,4 millones de euros para seguir puliendo una aplicación, el programa M@gin, que entre diciembre de 2016 y enero de 2018 provocó una importante pérdida de ingresos en la comunidad autónoma, aún sin cuantificar, debido a un error que impidió ejecutar embargos a los deudores, un concepto por el que las arcas públicas percibían en los meses anteriores una media de 2,2 millones de euros.
Indra ha logrado esta adjudicación tras sortear la prohibición para contratar con la administración que le quiso imponer la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) después de sancionarla en dos ocasiones por su vinculación con tramas para el reparto de licitaciones públicas. En agosto de 2018 fue multada precisamente con 13 millones de euros, la misma cantidad que ahora se puede llevar, por la creación, junto a otras diez empresas, de un cártel para el suministro de servicios informáticos y datos a la administración. Posteriormente, en marzo del año pasado, también fue sancionada por sus acuerdos ilegales con otras constructoras para el reparto de licitaciones vinculadas a infraestructuras ferroviarias. Fue entonces cuando la CNMC pidió el veto de Indra en las convocatorias de contratos públicos.
Según las explicaciones que la tecnológica incorporó a su oferta de licitación y que el órgano de contratación, la empresa pública Grecasa, ha dado por buenas, la primera de esas sanciones se encuentra en la actualidad suspendida por un auto dictado por la Audiencia Nacional en noviembre de 2018 y, además, no conlleva ningún pronunciamiento sobre la imposibilidad de contratar con el sector público. En relación con la segunda, Indra señala que solo existe un “acuerdo de remisión” a la denominada Junta Consultiva de Contratación del Estado para “iniciar el procedimiento declarativo de la prohibición de contratar”.
La multinacional española Indra aceptó además en mayo una sentencia de conformidad en el Juzgado de lo Penal 26 de Madrid por la que se declaraba culpable de un delito contra la Hacienda pública y era condenada al pago de 171.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas o incentivos fiscales durante un periodo de nueve meses a cambio de quedar exonerada de la prohibición de contratar con la administración pública, según recogió la propia empresa en las cuentas semestrales enviadas el pasado año a la CNMC.
En la propuesta remitida a Grecasa, Indra también se refirió a la posibilidad de que ese procedimiento en la Junta Consultiva concluya con la declaración de prohibición para aclarar que, según la propia doctrina de este organismo, los contratos adjudicados con anterioridad al veto no se verían afectados por el mismo y podrían ser modificados, prorrogados o cedidos.
18 millones en ocho años
Desde su puesta en funcionamiento a finales de 2016, el Gobierno de Canarias ha pagado ya más de cinco millones de euros para actualizar la aplicación M@gin. Ahora reserva un máximo de 13,4 millones para los próximos cinco años. Indra, desarrolladora del sistema y única empresa que, como era de prever, ha licitado, ha presentado una oferta con un precio unitario de 44 euros por hora (46,86 con IGIC), ocho euros menos de los que presupuestaban las bases. Además, ha incorporado a tres analistas y cuatro programadores adicionales al equipo mínimo de trabajo requerido, que estaba formado por 16 profesionales (siete programadores, cuatro analistas, tres consultores, el jefe de equipo y el director del proyecto).
Con esas unidades de ejecución (el precio por hora), las bases permiten a la Agencia Tributaria Canaria gastar un máximo de 1,69 millones de euros al año, es decir, 7,9 millones durante el lustro que puede mantener su vigencia el contrato con sus prórrogas. Los pliegos también anticipan la posibilidad de que durante este periodo se produzcan modificaciones -previstas o no previstas- que elevan el valor estimado del contrato a los 13,4 millones.
En el último ejercicio auditado, 2018, Indra cerró con unos ingresos de 3.104 millones de euros, un 5,8% más que en el año precedente.