En el pleno extraordinario de este viernes en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para debatir la cuenta que queda pendiente de pagar en el año 2010, hay un asunto peliagudo, el pago de dos partidas sin abonar, una por 106.160 euros y otra por 108.692,01, euros, al constructor Juan Antonio Lerena Sánchez, el mismo que durante siete años “coló” a una trabajadora suya en la Gerencia de Urbanismo, caso que aún está en los tribunales.
Lerena facturó 1.255.000 euros al Ayuntamiento por varias contrataciones de obras menores entre 2007 y 2009. Le quedan por cobrar 214.852,01 euros del último año, pero hay un reparo puesto por la sección de Control y Fiscalización externa de la Intervención General, que nada tiene que ver con las irregularidades en cuanto a su ex trabajadora, sino con que el constructor no está al corriente de sus pagos a la Seguridad Social, por lo menos en 2009.
José Manuel Corrales, concejal de SxTF, ya ha anunciado que se opondrá al pago de ambas facturas por las múltiples irregularidades que concurren en ellas, y porque el reparo del interventor lo es “con efectos suspensivos en la tramitación del expediente”, y esto, “por no hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen”.
Los trabajos adjudicados a Lerena en concurso libre y pendientes de cobro fueron la ejecución de proyectos de mejora en Afur y El Frontón, y obras de acondicionamiento, mejora y reparación en el Parque Rural de Anaga.
Adjudicado lo adjudicado
Hay más. El Servicio de Control y Gestión Medioambiental del Ayuntamiento propone en su informe de 30 de diciembre de 2009 adjudicar definitivamente esos contratos a Lerena, cuando justo un día antes, el 29 de diciembre, Norberto Plasencia, entonces concejal de Calidad Ambiental, Seguridad y Servicios Públicos, ya había firmado un decreto que acordaba esa adjudicación definitiva.
Sin embargo, no consta que la Junta de Gobierno local delegara en Norberto Plasencia la competencia de otorgar adjudicaciones definitivas, “ni se ha realizado la preceptiva y previa fiscalización del decreto adoptado”, matiza el interventor general.
Juan Antonio Lerena está siendo investigado por cohecho, por haber podido beneficiarse en la concesión de contratos a cambio de pagar el sueldo de la trabajadora que colocó en la Gerencia de Urbanismo en 2003, en la sección de Negociado de Espacios Naturales. Mientras, la trabajadora demandó al Ayuntamiento por ocupar un puesto que no debía y ha logrado una plaza fija.
También investiga la fiscalía las conexiones entre Lerena, Manuel Parejo, que en 2009 era concejal de Recursos Humanos y debía conocer la existencia de la trabajadora en un puesto que no había ganado por concurso, y el propio Ayuntamiento.
El asunto fue denunciado por el sindicato Sepla en el Ayuntamiento y el sucesor de Parejo, Ángel Llanos, admitió saber de la presencia irregular de la trabajadora en Urbanismo.
Los pagos por los contratos de 2009 con el polémico constructor, que este viernes van a Pleno, fueron negados por el Consistorio cuando saltó a la prensa el caso Lerena, pero estaban recogidos en la web oficial.