El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tardó 12 días en notificar por escrito a Bankia la moción que se aprobó en el último Pleno del 27 de diciembre, para iniciar acciones jurídicas y declarar a la entidad “non grata” si no se cumplía en 10 días el acuerdo verbal alcanzado en noviembre para solucionar los casos de tres personas desahuciadas o a punto de serlo. El plazo finalizaba este viernes, pero el consistorio ha pedido “más días”.
Sin embargo, portavoces del gabinete de prensa de Bankia afirmaron a diversos medios de comunicación canarios que el asunto estaba siendo “tratado” en Madrid este mismo viernes.
La moción fue aprobada por los grupos de la oposición y el CC y PSOE, con la abstención del PP, y en ella se acordó que el Pleno exigiese a Bankia “cumplir los acuerdos” alcanzados con esa entidad el 9 de noviembre para solucionar los casos de Carmen Omaña, Alejandro Remiro e Inmaculada Estupiñán, estos dos últimos pendientes de una dación en pago y un alquiler social incumplidos.
En el mismo acuerdo se especificó que se comunicaría la moción a Bankia, a partir de lo cual contaría el plazo de 10 días para que los servicios jurídicos emprendiesen acciones jurídicas y hacer pública la reprobación, pero esa moción no fue notificada por escrito, con fecha de registro, hasta el 8 de enero pasado, lo que llevó a cabo el concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, a requerimiento de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Tenerife (PAH-Tenerife).
Bankia no sabe
En un baile de declaraciones, el responsable territorial de la entidad, Antonio Rodríguez, afirmaba el jueves que no tenía conocimiento alguno de ese acuerdo plenario, lo que la portavoz de la PAH-Tenerife, Inma Evora, calificó este viernes de falso, “porque el mismo día 27 de diciembre, el concejal de Hacienda le comunicó el acuerdo por teléfono al responsable de Bankia, y en todo caso, la comunicación con registro de entrada tiene fecha del día 8”.
El acuerdo verbal alcanzado el 8 de noviembre con los directivos territoriales de Bankia afectaba a la dación en pago de Carmen Omaña y Inmaculada Estupiñán, junto con un alquiler social, y a la dación en pago de Alejandro Remiro. Se logró tras cinco días acampados y una huelga de hambre frente a las puertas de la sucursal madre de Bankia en la capital tinerfeña, y sobre todo, tras el gesto por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de la retirada de 1,5 millones de euros de sus cuentas.
Con ese acuerdo, con el alcalde como “notario”, según recordó en propio José Manuel Bermúdez en el Pleno, y con la presencia “como testigos” de varios concejales (entre otros, el primer teniente de alcalde José Ángel Martín; el concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, además de concejales de la oposición y miembros de la PAH), se daba por solucionado el problema de estas tres personas. Pero no ha sido así.
Mientras solo se ha paralizado el desahucio de Estupiñan, la dación en pago de Remiro se ha transformado en que entregue su casa y se hipoteque la de su madre por 35.000 euros.
Lejos de la postura inicial, el concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, aconsejó a Remiro que se entrevistase con el director territorial de Bankia, quien ya le había anunciado que el acuerdo era “el que está sobre la mesa” y le pidió que no fuese acompañado
Guillermo Guigou ha exigido en una nota de prensa que “se incumpla de inmediato el acuerdo plenario” y se lleve a juicio a la entidad bancaria por incumplimiento de contrato verbal, mientras que el concejal de la coalición XTF-IU afirma que Izquierda Plural está haciendo presiones desde el Congreso a Bankia.