No fue un hecho aislado. El director de la escuela infantil San Miguel Arcángel, Patricio García Ducha, cobró de manera irregular la primera cuota a los usuarios del centro durante, al menos, dos cursos seguidos. Según la nueva documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com, el máximo responsable de la instalación educativa, ubicada en Santa Cruz de La Palma y dependiente de la Consejería de Políticas Sociales de Canarias, también recaudó dinero en efectivo de la primera mensualidad del ejercicio 2016/2017 mediante una carta de pago que dejó de utilizarse en 2014.
García Ducha, contra quien la Dirección General de Protección a la Infancia descartó abrir un procedimiento sancionador pese a las irregularidades detectadas, solicitó a usuarios de la escuela infantil que abonaran la primera cuota del curso 2016/2017 en efectivo en lugar de seguir el procedimiento oficial, que regula este tipo de pagos mediante el modelo 800 (en vigor desde su aprobación por orden de la Consejería de Hacienda de octubre de 2014). El director de la escuela infantil San Miguel Arcángel, marido de la diputada autonómica y secretaria de Organización de Coalición Canaria, Guadalupe González Taño, utilizó el mismo procedimiento irregular en el ejercicio 2017/2018 y solo ingresó el dinero de forma correcta en la Agencia Tributaria, de ser cierta su versión, cuando los hechos comenzaron a ser investigados por técnicos del Gobierno.
El dinero del curso 2016/2017 que García Ducha cobró en efectivo por la primera cuota no ha sido devuelto a los padres, como tampoco las cuantías que recaudó en mano al año siguiente. Ni la escuela infantil ni la Consejería de Políticas Sociales han entregado a los afectados justificante alguno del abono de esas mensualidades a través del modelo 800 en la Agencia Tributaria Canaria, lo que no es baladí si se tiene en cuenta que este tipo de pagos desgravan.
Varias madres consultadas aseguran que, además de las cuotas de la primera mensualidad, también pagaron en mano a García Ducha 10 euros por la adquisición de una agenda, que la escuela infantil utilizaba para realizar el seguimiento de los niños. En el presente curso 2018/2019, después de haber sido investigado de forma interna, el director del centro no ha vuelto a reclamar pagos en efectivo a los usuarios del San Miguel Arcángel.
La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, también de Coalición Canaria, que tendrá que comparecer en el Parlamento autonómico por estos hechos a petición de Podemos, conocía las irregularidades del director de la escuela infantil San Miguel Arcángel, al menos, desde el 1 de junio de 2018. En esa fecha tuvo entrada por registro un escrito del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) donde se informaba con detalle de las anomalías encontradas en la gestión de García Ducha.
El escrito del sindicato, que previamente comunicó los hechos a Valido de forma verbal, alertaba de que el director del centro procedió a “exigir el cobro de cantidades en efectivo correspondientes a mensualidades y matrículas al menos desde 2016, emitiéndose recibís o cartas de pago manuscritas sin seguirse, presuntamente, el procedimiento administrativo previsto al efecto”.
CC OO solicitó en su comunicación a Cristina Valido que, “de forma urgente”, informase “si se han iniciado las acciones necesarias para depurar las responsabilidades oportunas, tanto administrativa como penalmente (...) comunicando dicho extremo a la Fiscalía” por la presunta comisión de hechos delictivos. El escrito del sindicato aún no ha recibido respuesta de la Consejería de Políticas Sociales.
La directora general de Protección a la Infancia, Carmen Morales, admitió la existencia de los cobros en efectivo y explicó que, una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, se abrió una investigación previa que concluyó que “no se ha encontrado nada extraño que justifique la apertura de un procedimiento sancionador”.
Carpetazo
La Consejería de Políticas Sociales dio carpetazo al asunto al dar por buena la versión de García Ducha, que durante las actuaciones previas sostuvo que, después de hacer un supuesto ingreso conjunto en la Agencia Tributaria Canaria, retiró el dinero cuando se dio cuenta de su error, que asegura le fue devuelto en mano, y realizó el pago de forma correcta a través del modelo 800 a nombre de cada usuario. El justificante del abono de esa primera mensualidad del curso 2017/2018 no ha sido entregado a los afectados.
Las actuaciones previas que llevó a cabo la Dirección General de Protección a la Infancia, entre finales de 2017 y mediados de 2018, no tuvieron en cuenta los cobros que realizó García Ducha en 2016, ya que en ese momento no existía constancia en la Consejería de Políticas Sociales de que los hechos se hubiesen producido durante dos cursos seguidos. No hay que olvidar que Carmen Morales explicó que la decisión de no abrir un expediente sancionador al director de la escuela infantil se basó en un informe interno que concluyó que “todo era correcto”, a lo que añadió que el máximo responsable del centro actuó “movido por su afán de ayudar” a las madres.
Fueron algunas usuarias de la escuela infantil San Miguel Arcángel, precisamente, las que destaparon las irregularidades al presentar quejas en la Dirección General de Protección a la Infancia, a finales de 2017, por una subida injustificada de sus cuotas. A raíz de la reclamación, la investigación previa descubrió que la primera cuota había sido abonada en efectivo, además de confirmar que se había producido un incremento indebido del precio. Carmen Morales explicó que esta anomalía “se subsanó” al aplicarse la cuantía correcta en las siguientes mensualidades.
En un escrito elevado a la Dirección General de Protección a la Infancia el pasado mes de noviembre, un grupo de padres y madres realizaron una batería de preguntas a Carmen Morales sobre cuestiones vinculadas con el centro y, en concreto, respecto a “qué se ha resuelto sobre la investigación referente a los pagos en efectivo” que se llevaron a cabo. Al igual que le ha pasado a CC OO, todavía no han recibido respuesta y algunos de los afectados no descartan llevar este asunto a la Fiscalía.
Las familias afectadas también preguntan por otra serie de carencias que sufre la escuela infantil San Miguel Arcángel, después de que solo hayan obtenido “respuestas verbales en las numerosas ocasiones” en las que se han dirigido a la Dirección General de Protección a la Infancia. Se quejan de que se les impone un período de adaptación cada curso, de la falta de flexibilidad en los horarios, del cierre de la escuela infantil en días laborables sin justificación, de la escasez de materiales, de cuestiones relacionadas con la alimentación que se da a los niños y de la ausencia de inspecciones públicas en el centro que dirige Patricio García Ducha.