La causa se sigue contra varios concejales del Partido Popular en el municipio satauteño por su supuesta intención de no cobrar los referidos impuestos a las empresas que construían el mencionado centro comercial. Algunos de los imputados, el ex alcalde Carmelo Vega y el actual primer edil, Antonio Díaz, principalmente, situaron el hecho, la semana pasada durante su comparecencia ante el juez, en la esfera de un supuesto olvido del secretario.
Tanto López Peraza como Santiago Hernández aportaron documentos en los que se acredita que en el Pleno celebrado para la aprobación del proyecto de construcción, convocado con urgencia, se dejó constancia de la necesidad de pedir a los constructores y promotores, las cantidades que recoge la ley para estos casos. Incluso señalaron la existencia de un documento de la propia UTE en la que se da por notificada para el pago de esos tributos.
En cuanto a la falta de acceso a los informes alegada por algunos de los ediles imputados, López Peraza aseguró que cualquiera de los miembros del equipo de gobierno podía consultar cuantos expedientes quisiera con total libertad.
También salió a colación durante la declaración, la autoría del pliego de condiciones para el concurso de construcción del edificio comercial. Rosa María Nolasco, asesora legal del entonces alcalde Carmelo Vega, fue quien lo redactó. Al respecto, López Peraza hizo constar ante el juez que Nolasco fue contratada por Vega a dedo y que él mismo hizo una advertencia de ilegalidad de dicha contratación.