El Gobierno de Canarias exige las derivaciones de migrantes a Península para no convertir a las Islas en una cárcel o un muro de contención. Todos los grupos de la oposición han apoyado al Ejecutivo regional en el Parlamento; en el ámbito estatal, Podemos también ha demandado priorizar esta opción antes de las deportaciones, y el delegado del Gobierno en las Islas ha pedido los traslados de parte de los 2.000 menores que acoge la comunidad. Incluso desde Bruselas, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar (PSOE) considera los traslados una medida posible y necesaria. Y al menos seis autonomías han ofrecido su colaboración para acoger a las personas llegadas a Canarias a través de la ruta atlántica.
El pasado 19 de noviembre, Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco (gobernado por PNV y PSOE), fue la primera en manifestar públicamente su voluntad de recibir migrantes llegados a las Islas y contribuir de esta manera a aliviar la presión que ha experimentado el Archipiélago durante un año en el que ha recibido en torno a 18.000 supervivientes de la ruta atlántica, la mayoría en el último semestre. No se puede “mirar para otro lado”, aseguró Artolazabal a Radio Euskadi. En la entrevista desveló que el Gobierno de España no había realizado ninguna petición en este sentido al País Vasco y, posteriormente, ofreció al Ministerio de Interior la acogida inmediata de 60 personas migrantes, especialmente a familias con menores, según recoge el periódico El Correo.
En Castilla y León (gobernada por PP y Ciudadanos), su vicepresidente, Francisco Igea, ha mostrado durante una rueda de prensa su ofrecimiento a ayudar en la crisis migratoria: “Naturalmente, estamos dispuestos a contribuir a la solidaridad que necesita Canarias estos días con la parte que nos corresponde. El secretario de Estado conoce nuestra predisposición para colaborar en esta situación de crisis tan dura para una parte de nuestro país”.
La Junta de Extremadura (PSOE) también ha confirmado a este periódico que “se ha ofrecido a acoger a inmigrantes que llegan a las islas”, al igual que la Comunidad Valenciana (PSOE-Compromís-Podemos): “El Gobierno central conoce nuestra disposición favorable”, ha reconocido a esta redacción. En el Ejecutivo de La Rioja (PSOE con el apoyo de Podemos-IU) se afirma que la presidenta Concha Andreu ha mantenido “contacto con Ángel Víctor Torres y le ha mostrado su predisposición para acoger migrantes”.
Y el Gobierno de Navarra (conformado por una coalición entre PSOE, Podemos y Geroa Bai) ha ofrecido su disposición a la colaboración: “Así lo hemos manifestado a la Secretaría de Estado de Migraciones después de hablar con entidades sociales”, ha afirmado a esta redacción. Además, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Ejecutivo foral, Eduardo Santos, ha pedido al Ejecutivo central “una respuesta más coordinada” con las comunidades autónomas en este asunto y ha ofrecido 20 plazas más de acogida a migrantes, en declaraciones recogidas por Efe.
La Región de Murcia (PP-Ciudadanos) y Baleares (PSOE-Podemos-Més) han alegado que la acogida de personas migrantes en Península es “competencia estatal”; en el caso del Archipiélago, a pesar de que se cerró la vía del Estrecho y Alborán en 2018, se ha experimentado un repunte en llegadas, principalmente desde Argelia, y está cerca de triplicar las cifras del año anterior con 107 embarcaciones con 1.380 migrantes en 2020, unas cifras mucho menores que las de Canarias pero en un territorio que carece de infraestructuras de acogida o de internamiento.
De hecho, en Palma el Ejército llegó a habilitar tiendas de emergencia en un pabellón de la estación marítima para mantener las separaciones entre los migrantes a la espera de los resultados de las pruebas de COVID-19. Aragón (PSOE-Partido Aragonés-Chunta Aragonesista-Podemos) también ha respondido que “se acatará la estrategia y decisión que tome el Gobierno central, porque es su competencia y debe ser quien organice qué atención y asistencia se da a estas personas en todo el territorio nacional”, según ha confirmado a este periódico.
Y la posición del Ministerio del Interior y del PSOE estatal es clara: acelerar las derivaciones de migrantes a Península provocaría un ‘efecto llamada’ y no resolvería la situación, por un lado y, por otro, aboga por compartir las políticas migratorias con el conjunto de la Unión Europea. Sin embargo, la opción de trasladar a los migrantes a otros estados miembros queda limitada por las restricciones generadas por la pandemia de la COVID-19 y la voluntad política de otros países.
La apuesta del Gobierno central es, por contra, acordar las repatriaciones con países como Marruecos, Mauritania o Senegal y bloquear las salidas regulares desde el Archipiélago con la instalación de campamentos provisionales. Esta posición ha enfrentado al presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres (PSOE), quien ha reiterado que las Islas no pueden gestionar en solitario las llegadas de migrantes y ha agradecido la voluntad expresada por las autonomías que se han ofrecido.
Aunque Interior no ofrece datos oficiales sobre la cantidad de traslados ni a qué comunidades llegan, sí ha asegurado que las derivaciones se están produciendo, pero solo en aquellos casos en los que se pueda demostrar vulnerabilidad de las personas migrantes, como los solicitantes de protección internacional. Incluso algunos, con pasaporte, viajan por sus propios medios.
En este sentido, el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha recordado que en las Islas permanecen unas 6.000 personas del total que ha llegado este año a través de la ruta atlántica, unas cifras que a su juicio demuestran que sí se están llevando a Península, pero matiza que esto no se publicita porque el Gobierno de España no quiere proclamar que el que llega por esta vía al Archipiélago continúa hasta el continente.
La Comunidad de Madrid (PP-Cs), la Generalitat de Catalunya (JxCat-ERC), la Junta Andalucía (PP-Cs), la Xunta de Galicia (PP), el Gobierno de Castilla La-Mancha (PSOE), el Ejecutivo de Cantabria (Partido Regionalista de Cantabria-PSOE) y el Gobierno del Principado de Asturias (Federación Socialista Asturiana) no han ofrecido una postura pública a este periódico.
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